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miércoles 4 de diciembre de 2024

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Razones

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez

Goles en contra

Una de las decisiones más absurdas de este sexenio ha sido la prohibición de la producción e importación de alimentos, sobre todo maíz, genéticamente transformados, supuestamente para proteger a pequeños y medianos productores, así como también prohibir la utilización de productos como el glifosato para fumigación contra plagas. Las dos medidas que entrarán en vigor en 2024 son catastróficas para la agroindustria, vulneran el T-MEC y tendrán costos económicos muy altos para el país.

La enorme mayoría de nuestro ganado y diversos procesos de la industria alimentaria utilizan maíz amarillo, que prácticamente no se produce en México y se importa de Estados Unidos y que, como en casi todo el mundo, proviene de la utilización de semillas genéticamente transformadas. Ni siquiera estamos hablando de maíz transgénico, sino de semillas transformadas.

El gobierno federal no quiere importar productos ni impulsar la producción local con semillas híbridas o genéticamente reformadas. En el Congreso hemos visto cómo se impulsa, por ejemplo, la producción de maíz nativo, que sencillamente no alcanzaría jamás para alimentar a la población, y lo mismo sucede con muchos otros productos alimenticios.

Se habla mucho de autosuficiencia alimentaria y estamos cada día más lejos de ella, precisamente por no tomar las medidas que han tomado muchos otros países, desde la India hasta Estados Unidos, desde Ucrania hasta Argentina, de utilizar la ciencia en favor del desarrollo agrícola.

Ya lo decíamos aquí hace poco más de un mes, pero ahora, ante el desencuentro público con Estados Unidos sobre el tema, debemos insistir en ello. Cuando López Obrador era Presidente electo, tuvimos una larga plática con Alfonso Romo sobre diferentes temas, incluyendo la transformación de la capacidad agrícola del país. Era a mediados de 2018.

Me decía entonces Romo, ya designado jefe de gabinete del presidente López Obrador, que “importamos el 60% del maíz, 90% de la soya, 80% del arroz… o el 90%. Del frijol, 75%… déjame ir a la parte de fondo: la Secretaría de Agricultura se va a dividir en dos, la agricultura sofisticada, la del norte, que es muy exitosa, con las berries, las hortalizas, las frutas, las verduras. Es una agricultura muy tecnificada, a la altura de cualquier país. Pero después tenemos otro México que vive en el siglo XVII, que tenemos que apoyar diferente… vamos a apoyar la productividad por hectárea. Pongo el ejemplo: en el norte, en Sinaloa, se dan 14 toneladas por hectárea de maíz, te vas a Oaxaca, a Chiapas, una tonelada por hectárea. Si yo traigo un programa de semilla mejorada, nada más semillas, puedo subir la productividad por hectárea de una a dos, tres toneladas. Ésos son muchos salarios mínimos.

-Pero también hay resistencia a esos cambios, ¿no?

-No hablo de productos genéticamente modificados. Hablo de mejoras genéticas de cruzas tradicionales. No estoy hablando de nada que cause un escozor en la sociedad. Es un tema que para mí no es un problema, pero…

-Pero para muchos en Morena sí…

-Para muchos sí, y no lo estamos tocando… Pero para poder caminar hay que quitar lo que nos diferencia y hay que poner, mejor, lo que nos alinea. Estamos diferenciando y dando soluciones diferentes de acuerdo a las realidades de cada zona. Es una preocupación que el sureste de México esté prácticamente abandonado. No hay extensionismo agrícola; no ha habido investigación de desarrollo. Está abandonado el campo. Entonces, atendamos estas zonas que hoy dependen de la agricultura, que con muy poco pueden mejorar su nivel de vida y, poco a poco, incorporarlos a la modernidad. Para ellos, una buena semilla es modernidad”. Hasta ahí Romo.

Cuatro años después, todo aquello quedó en buenas intenciones y, peor aún, en una confrontación con Estados Unidos y con un problema en ciernes durísimo para la agroindustria en el país.

Algo similar sucede con la prohibición de la utilización del glifosato. Como consecuencia de los acuerdos con las FARC, Colombia terminó inundada de coca. Lo que sucedió fue que el gobierno de Santos suspendió los programas de erradicación aérea de plantíos, primero en las zonas de operación de las FARC y luego en todo el país, argumentando que los productos utilizados, el glifosato, podía ser cancerígeno. Sin embargo, ese mismo producto se utiliza, en un porcentaje diez a uno mayor que el que se usa en la erradicación aérea, como herbicida en los sembradíos de arroz y maíz, entre otros productos agrícolas, y allí es permitido porque no existe constancia de que sea cancerígeno. La pregunta era por qué entonces se prohibía para fumigar plantíos de coca y se permitía para alimentos de uso masivo.

La razón es que existían acuerdos en ese sentido con las FARC, establecidos en las negociaciones que se realizaron en La Habana, con el argumento de que la fumigación de los plantíos de coca acababa también con otros cultivos. El gobierno de Santos aceptó las condiciones de las FARC y los grupos criminales utilizaron ese vacío para intensificar la producción de coca en sus territorios.

En México, el glifosato también es usado en tareas de erradicación aérea de drogas. Igualmente es utilizado en una proporción muchísimo mayor para combatir plagas en la producción de maíz, arroz y otros productos agrícolas. Lo mismo pasa en Estados Unidos y en muchos otros países. Aquí lo hemos prohibido,  lo mismo que la importación de alimentos que hayan sido fumigados con glifosato. Es un error por donde se le quiera ver. Otra vez, erradas convicciones supuestamente ideológicas provocan daños que pueden ser costosísimos, incluso para aquellos que buscan ser protegidos.

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