Por Yuriria Sierra
Camino del plan B
Hace cuatro años, el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en Presidente de México. La banda presidencial se la colocó quien en ese entonces era uno de su grupo, un personaje político respetado por todas las fuerzas, pero que, al tiempo, se convirtió en uno de sus más férreos detractores, Porfirio Muñoz Ledo. Hace unos días, el fundador del PRD calificó como un intento de golpe de Estado la reforma electoral de López Obrador, incluso sugirió llevar al Presidente hasta la Corte Penal Internacional. Es una de las críticas más duras contra lo planteado desde Palacio Nacional para modificar al organismo encargado de operar nuestras elecciones, pero no ha sido la única. El llamado de varias voces ha sido llevar la discusión de la iniciativa, la segunda (el llamado plan B), a otro momento. No hacerlo a contrarreloj, en vísperas del fin del periodo, que termina este jueves, porque el resultado no se asoma como un proceso legislativo adecuado, más aún cuando se trata de una iniciativa de tal calibre.
Y los tropiezos con los que se ha llevado este debate, comenzaron desde la aprobación fast track en Diputados, cuando incluso López Obrador reconoció que al Senado llegó un dictamen con agregados para los que no fue consultado. “El duende hizo travesuras…”, dijo en la conferencia del pasado viernes. Previo a la discusión de este lunes, y con la advertencia hecha sobre que se tomarían su tiempo, Ricardo Monreal aseguró que, hasta el domingo, habían realizado, al menos, 70 cambios a la minuta enviada al Senado desde San Lázaro: “Identificamos bloques de inconstitucionalidad y ya eliminamos algunos de ellos, pero seguimos analizando con toda responsabilidad y seriedad, lo que no queremos es que la Constitución se altere…”, expresó en un video publicado en redes sociales. Un día después, este lunes por la mañana, se reunió con Adán Augusto López, quién marcó línea para la discusión que realizaría más tarde la Comisión de Gobernación (que debatió la iniciativa por separado, porque no hubo quórum con la de Asuntos Legislativos, como si hicieran falta más piedras en el camino). Tras el encuentro, se informó que, de 21 puntos señalados como inconstitucionales, sólo se eliminaron seis, el resto se mantuvo y así se llevó a las comisiones respectivas, donde se palomeó para hoy llevar la minuta al pleno.
¿Aprobar un dictamen al que plenamente se le han identificado inconstitucionalidades? Pues sí. Fue una cortesía política el presentarlas al secretario de Gobernación, afirmó Ricardo Monreal, pero también se observa como una revelación del bloque morenista más cercano al Presidente, que incluso para la tarde-noche de ayer afirmó que desconocía los puntos señalados por el líder de los senadores de Morena. Así de grande la fractura al interior de la bancada.
Un análisis realizado por Integralia Consultores señala los riesgos de lo planteado por el Presidente y que avanza ya en el Senado: 1) Merma la capacidad operativa del INE para organizar elecciones. 2) Debilita la figura del consejero presidente. 3) Restringe la capacidad sancionatoria. 4) Debilita la autonomía presupuestal del INE. 5) Expande la capacidad propagandística de servidores públicos. 6) Premia a sus aliados. Aunque este último punto fue uno de los que aceptó como inconstitucionales el secretario de Gobernación (casualmente, también uno de los cuestionados el viernes en la mañanera y que provocó la referencia a los traviesos duendes).
Durante la discusión de este lunes, la oposición decidió no estar presente, por eso no hubo el quórum necesario. Así que todo se está decidiendo en manos de la bancada morenista que, con todo y sus desencuentros internos, parece que cumplirá el capricho del Presidente. Un tema de tal dimensión e importancia, más aún cuando la sucesión presidencial está tan cercana, se está resolviendo a contrarreloj, sin debate y con claras violaciones constitucionales. Vaya visión de cómo desean en Palacio Nacional que se haga política.
