CIUDAD DE MÉXICO.- La aprobación del plan B de la reforma electoral pone en peligro la operación de los procesos electorales, el padrón y la fiscalización de partidos, advirtieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en un pronunciamiento.
En conferencia, el consejero presidente Lorenzo Córdova leyó el pronunciamiento en el que sub- rayó que esos cambios a la ley electoral pueden trastocar profundamente el sistema electoral que se ha construido en el país.
Alertó que se eliminaría 84.6% de las 2 mil 571 plazas del servicio profesional electoral y la estructura subdelegacional, lo que pone en riesgo la eficacia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía.
Además, señaló que la desaparición de las 300 juntas distritales pondría en riesgo no sólo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Por ello, adelantó que, de ser el caso, el INE acudirá a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para garantizar su autonomía y profesionalismo, a fin de realizar elecciones libres y auténticas.
«Manifestamos nuestra preocupación tanto por el contenido de la reforma que están discutiéndose en las cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo», expuso.
* JUNTAS DISTRITALES
Desaparecer las 300 oficinas que hay en el país afectaría:
Confección del padrón electoral.
Instalación de casillas del Instituto Nacional Electoral.
Realización de los cómputos de los votos.
Monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión.
Fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales.
Obligaciones dirigidas a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género.
