Por Ivonne Melgar
Los estragos verdes de la ola rosa
Era previsible que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, no tendría márgenes de acción para frenar la reforma de las leyes electorales. Tampoco fue sorpresa la disciplina acrítica de los legisladores de la autoproclamada Cuarta Transformación ante los dictados de Palacio Nacional.
Y aunque la aprobación de un nuevo régimen electoral esta semana es una derrota política e institucional, la novedad es que las oposiciones que defienden el todavía vigente encontraron en la ola rosa del INE no se toca un espacio para confluir. Porque ya estábamos avisados de que, ante el fracaso de la reforma constitucional que pretendía enterrar al INE, el gobierno y Morena activarían un plan B.
La sorpresa es atestiguar que la ninguneada ola rosa ha sido capaz de sobrevivir al avasallamiento oficialista, dándole fuerza ciudadana a las oposiciones que perdieron en el tablero del Congreso, pero ganaron exhibiendo el desaseo parlamentario y las contradicciones políticas entre los integrantes de esa alianza legislativa y electoral denominada Juntos haremos historia.
Eso es lo inédito: el caricaturizado Señor X en las mañaneras presidenciales, Claudio X. González, junto con Gustavo de Hoyos, Amado Avendaño, Alejandra Latapí, Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán, entre otros, consiguieron con sus incipientes logos empujar con la marcha del 13 de noviembre a los legisladores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural a una batalla unificada.
Esos activistas que este martes 13 de diciembre llegaron al Senado, en representación del Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México, ya advirtieron que para 2023 viene una estrategia jurídica que seguirá apuntalada por esa ola rosa. Junto con consejeros y exconsejeros electorales, esas organizaciones acompañarán las acciones de inconstitucionalidad que habrán de interponer los diputados y senadores una vez que se apliquen las medidas del plan B.
Y, como lo anunciaron en el Senado, vendrán amparos y juicios de derechos ciudadanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Porque el plan B presidencial vino a darle sustento al discurso opositor de que el gobierno no acepta las derrotas democráticas, como lo fue la de no haber sido capaz de hacer política y construir consensos con la oposición para los cambios constitucionales, obligados desde la renovación de la Cámara de Diputados en 2021.
Claro que los legisladores de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y lo que queda de PES podrán celebrar el próximo martes su éxito con el Presidente en Palacio Nacional. Pero la ausencia del senador Ricardo Monreal ensombrecerá el festejo con ese voto particular que emitió en contra del plan B enumerando sus visos de inconstitucionalidad y que los ministros de la SCJN no podrán evadir.
Será, además, una fiesta forzada, porque la promulgación de la reforma que trastoca de fondo al INE quedó pospuesta para febrero 2023, cuando en el Senado asuman la modificación que los diputados de la 4T le hicieron de última hora ante lo que podríamos considerar el arrastre intangible, pero existente, de la ola rosa.
Nos referimos a la renuncia que el PVEM, coordinado por el diputado Carlos Salas, debió hacer el jueves ante la declaración presidencial de que consideraría la posibilidad de vetar el plan B por la llamada cláusula de vida eterna, como se le conoció al agregado al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que, en la madrugada de ese día, se hizo en el Senado para garantizar la trasferencia de votos entre partidos coaligados.
El debate por ese tema fue el más subido de tono por la denuncia del senador Germán Martínez (Grupo Plural) de que eso de la austeridad cercenando al INE era una farsa si el gobierno de Morena terminaría garantizando la ubre presupuestal de más de 900 millones de pesos anuales para financiar al PVEM y al PT.
Para contrarrestar las críticas de inconstitucionalidad que sustentaron Damián Zepeda (PAN) y la de fraude político de Emilio Álvarez Icaza (GP), subieron a tribuna Israel Zamora (PVEM), César Cravioto (Morena) y Gonzalo Yáñez (PT), a fin de reivindicar el acuerdo que se había hecho con la venia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Un pacto secreto que duró menos de un día. Porque lo tiró una pregunta en la mañanera. Así de frágil era. Así de importante es la prensa. Al anunciar que renunciarían a esa cláusula, el diputado Puente nunca aceptó que estaban obedeciendo a una declaración presidencial.
Más tarde, ese revés se convirtió en el yerro que impedirá llevarle a López Obrador el esperado regalo de Navidad: someter al INE a su plan B.
En su enojo por el mal fin del acuerdo que había tejido el día 14 en el Senado, el coordinador de la diputación del PVEM responsabilizó a los medios y a la oposición de ese naufragio burlándose de la consigna el INE no se toca.
Y tenía razón. Esos estragos también son culpa de la ola rosa. Y acaso no serán los únicos.
