Por Pascal Beltrán del Río
Que lo autorice el Presidente
Entre septiembre de 2021, cuando presentó sus cartas credenciales, y junio de 2022, el embajador estadunidense Ken Salazar debió visitar Palacio Nacional no menos que 30 ocasiones.
De broma se decía que Salazar ya tenía su propia oficina en el recinto.
Una de las principales razones de sus encuentros con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros altos funcionarios era acompañar a directivos de empresas estadunidenses afectadas por la política energética del gobierno.
Luego de dichas reuniones reinaba el optimismo. Se publicaban fotos en las que los asistentes aparecían sonrientes. Parecía que todo iba bien, o al menos así lo expresaban las partes.
Hasta que no.
El 20 de julio –hoy hace seis meses–, Washington solicitó consultas formales con México sobre las disputas en materia energética. Dicha instancia de interlocución, prevista por el T-MEC, es un paso previo a la convocatoria de un panel, en el que los países someten su diferendo al arbitraje.
A partir del anuncio sobre las consultas –que aún no se han resuelto, pese a que el plazo establecido en el tratado venció a principios de octubre–, han sido muy escasas las visitas de Salazar a Palacio Nacional para reuniones de trabajo. Yo sólo tengo noticia de tres: el 22 de septiembre, el 9 de noviembre y el 3 de enero. Esta última fue para preparar la Cumbre de Líderes de América del Norte.
Al presidente López Obrador le cayó muy mal la solicitud estadunidense. “Majadera”, la llamó. “No se debió solicitar la consulta”, se quejó, el 25 de agosto. “No había motivo, no se informó bien al gobierno de Estados Unidos”, agregó. Y recordó que él había recibido a enviados de 18 empresas estadunidenses, dedicando “hasta hora y media” a cada reunión, en las que estuvieron presentes muchos funcionarios de su gabinete.
Medio año después de ese desaguisado, el Presidente dice que ya logró un entendimiento con empresas canadiense inconformes por el mismo motivo. “Ayer estuve con empresarios de Canadá que tenían algunas inconformidades”, comentó en su mañanera del miércoles.
“Ahora que vino el primer ministro (Justin) Trudeau –agregó–, me pidió que si los atendíamos. Y, personalmente, con el gabinete económico, atendimos a cuatro empresas canadienses y resolvimos los cuatro problemas sin ningún obstáculo, que tenían que ver con asuntos del sector eléctrico, y así lo hicimos con las empresas estadunidenses y siempre buscamos la conciliación”.
Así que ahí vamos de nuevo.
Es verdad que las inversiones canadienses no son tan cuantiosas como las estadunidenses, por lo que las diferencias entre países quizá sean menos complejas de resolver, pero la experiencia hace necesario tomar aire antes de apostar por el resultado.
En todo caso, la concreción de las inversiones debería depender del marco legal y el entramado institucional y no de la posibilidad de reunirse con el Presidente de México y mucho menos de que un mandatario extranjero tenga que venir a solicitar un encuentro. Ésas son cosas que ocurren en repúblicas bananeras, con todo respeto para los países que exportan mucho plátano.
Hace unos días le contaba cómo una empresa que produce vidrio plano y que deseaba poner una planta en Baja California, para surtir al mercado de la costa oeste de Estados Unidos, se cansó de esperar una reunión con López Obrador y se llevó su inversión a Texas. La compañía requería algo básico: la garantía de que iba a contar con energía eléctrica suficiente y constante. Pero en la CFE le dijeron que el tipo de instalación que haría eso posible sólo la podían autorizar en Palacio.
Si todo lo que ocurre en este país necesita del visto bueno del Presidente, con razón en Morena están tan preocupados de que el Tribunal Electoral les haya prohibido usar los “Amlitos” en sus actos de campaña.
