Por José Buendía Hegewisch
#GarcíaLuna, juicio a gobiernos y justicia mexicana
La trascendencia del juicio de García Luna en Nueva York se pierde en la intoxicación de la política interna. Pero el proceso en EU contra el funcionario mexicano de mayor nivel representa un enjuiciamiento al gobierno en México por el crecimiento del poder del narco y el involucramiento de las estructuras políticas en la corrupción y el trasiego de la droga.
El foco de interés del juicio se centra en sacar ventaja política y culpabilizar a los contrarios, sin verse las implicaciones de que el secretario de Seguridad de Calderón sea juzgado fuera del país. Ello constata que es una historia que aquí no podría haberse contado en los tribunales por incapacidad de la justicia para acusar a las mafias más poderosas. México pudo investigarlo desde las primeras denuncias por corrupción en 2008 del excomandante de la PFP, Javier Herrero, pero ni el gobierno de Calderón que las conoció, ni subsecuentes, quisieron averiguar su participación en el narco. En ese marco, el juicio es un mensaje de que en EU están dispuestos a hacer lo que nosotros no hacemos contra el narco, aunque el farol ilumine más la calle que su casa. Y, en consecuencia, es una condena a la justicia mexicana y sus arreglos institucionales favorables a la impunidad, a pesar de aplicar mecanismos que violan las libertades y presunción de inocencia como la prisión oficiosa. En México se ha procesado a políticos vinculados al narco, pero no a los máximos capos, por ejemplo, al Chapo Guzmán, condenado por el mismo tribunal de NY.
De ese principio parte la teoría de la fiscalía para convencer al jurado. El caso es una radiografía de la expansión del narco en México, que ningún esfuerzo detendrá si goza de impunidad, complicidades con el gobierno y fortunas millonarias. Por eso tiene razón López Obrador al decir que el juicio es “muy vergonzoso”, pero no sólo por la vinculación de García Luna con Fox y Calderón, sino para la imagen del país. La humillación no se reduce a su actuación, afecta al Estado mexicano. La DEA comenzó a preparar la acusación, al parecer, desde 2011, recabando información entre capos del narco, funcionarios y agentes policiacos, que ahora figuran en la pasarela de 70 testigos en el juicio. La fiscalía, desde los primeros testigos, Sergio Villareal, El Grande, Tirso Martínez, El Futbolista o El Mecánico, orienta sus interrogatorios al objetivo de mostrar que la conspiración del tráfico de drogas contra su país ha aumentado junto con el boom de los cárteles y su expansión territorial en México. García Luna es clave para probar esta hipótesis como pieza central de la articulación de tramas de corrupción entre cárteles y políticos que hizo de él uno de los hombres más poderosos del país entre 2000 y 2012.
Por supuesto, hay dudas de que declaraciones de testigos protegidos, interesados en obtener beneficios de la justicia de EU, sean suficiente evidencia. Pero la estadística de éxito de las fiscalías federales habla de un panorama difícil para García Luna por los cargos de delincuencia organizada, tráfico de drogas y falsedad de declaración. De acuerdo con reportes del Pew Research Center de 2019, los fiscales federales logran sentencias condenatorias en 83% de los casos, aunque sólo 2% de los delitos en su país llegan a juicio, porque antes se resuelven en acuerdos compensatorios. No es fácil sostener un caso sobre la hipótesis de que la acusación de conspiración criminal contra García Luna implica a las máximas esferas de seguridad mexicanas. Pero la fiscalía ha trabajado con el jurado para tratar de hacer creíble su teoría contrastando declaraciones y hechos verificables de decomisos importantes y la estadística sobre el crecimiento territorial de los cárteles con los últimos gobiernos. Y cree poder persuadirlo de que una sentencia condenatoria sentaría un presente para frenar el tráfico de drogas que está matando a miles de estadunidenses. Dependerá también de la estrategia de la defensa para desmontar su lógica y la validez de los testimonios, pero en cualquier caso es un juicio que debe avergonzar a nuestro país, no sólo por la vinculación a los gobiernos del pasado, sino porque la barbarie que se describe sigue ocurriendo hoy aquí y nos afecta a todos.
