Por Pascal Beltrán del Río
¿Habrán oído hablar de Heberto Castillo?
Uno de septiembre de 1987. Palacio Legislativo de San Lázaro. Desde la víspera de la lectura del quinto Informe de Gobierno del presidente Miguel de la Madrid, elementos del Estado Mayor Presidencial toman el control del recinto, como han hecho por años.
Sin embargo, en esta ocasión se topan con un grupo de diputados opositores que no están dispuestos a que se viole la Ley Orgánica del Congreso, que prohíbe la entrada de personas armadas.
Dicha disposición existe desde 1931, cuando ocurrió una balacera en Donceles entre partidarios y detractores del gobernador jalisciense Ignacio de la Mora, en la que falleció el diputado Manuel H. Ruiz y resultaron heridos sus compañeros Sebastián Allende Rodríguez y Esteban García de Alba.
Cuando faltan sólo horas para el arribo del Ejecutivo, cinco diputados –de las fracciones de los partidos Mexicano Socialista, Acción Nacional y Revolucionario de los Trabajadores– suben a la tribuna para denunciar los excesos y amenazas que los militares han cometido contra los legisladores.
El veterano militante comunista Arnoldo Martínez Verdugo, del PMS, habla del reacomodo de las curules de los diputados de izquierda por parte de los elementos del EMP, que “vienen a hacer y deshacer en este recinto, que ni siquiera para estas cosas es respetado por el Poder Ejecutivo”.
Se le suman los diputados Pedro Peñaloza, del PRT; José Ángel Conchello y Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, del PAN, y Heberto Castillo, del PMS, quienes señalan que desde una semana antes el recinto ha estado controlado por gente armada, que incluso viste de civil y que ha venido decidiendo dónde se pueden estacionar los legisladores, por dónde pueden pasar y hasta dónde se sentarán a escuchar el mensaje presidencial.
“Vengo a presentar una enérgica protesta por la forma en que se nos trata a nosotros, miembros del Poder Legislativo, por parte de un instrumento del Ejecutivo”, afirma el panista Conchello.
En su turno, Peñaloza asevera: “Hoy se ha ratificado con toda claridad que la Cámara puede ser atropellada y vulnerada en sus derechos. ¡Y se habla de la separación de Poderes!”.
A su vez, Heberto Castillo relata cómo fue encañonado en el estacionamiento de San Lázaro por haber querido acceder al salón de sesiones por la entrada que usa desde el inicio de la 53 Legislatura. Afirma que se había abierto paso, pese a que un militar le había advertido que dispararía sobre él.
“Quienes no nos dejaban pasar eran dos chamaquitos armados”, relatará más tarde al reportero y avezado cronista parlamentario Gerardo Galarza. “Pedí hablar con su jefe y llegó un oficial vestido de civil. Me dijo, con buenas maneras, que me solicitaba usar la puerta principal. Yo le contesté que, aun con buenas maneras, nadie puede decirme cómo entrar a mi casa”.
Las bancadas de la oposición independiente sólo cuentan con 62 de los 400 diputados federales, pero su denuncia ha sido lo suficientemente fuerte y bien argumentada para que la presidenta de la Cámara, la priista Elba Esther Gordillo, no encuentre más remedio que ordenar el libre paso de los legisladores.
Brinco al futuro. El 1 de febrero de 2023, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, impide que los integrantes de la escolta de la Secretaría de la Defensa Nacional –encargados de los honores a la bandera– ingresen armados en el salón de sesiones, durante la instalación de los trabajos del Periodo Ordinario de Sesiones.
Creel argumenta lo mismo que aquellos cinco legisladores opositores 36 años atrás: nadie puede entrar armado en el recinto.
Los diputados de la mayoría no aceptan sus razones. “Burro”, “traidor” e “ignorante” gritan al exsecretario de Gobernación, quien replica que, para él, “la ley es la ley, sin miramientos”.
Por lo visto, les falta memoria o les sobra cinismo a los legisladores de Morena y sus aliados. Quizá no han escuchado hablar de la valiente oposición de Heberto Castillo. O a lo mejor sí, pero no les importa, porque ahora son ellos quienes parten el queso.
