CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de acusaciones de militarizar el espacio aéreo por parte de los legisladores de la oposición, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, con 263 votos a favor, 26 en contra de Movimiento Ciudadano y 195 abstenciones de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD.
La finalidad de la norma es establecer y regular las medidas, acciones y procedimientos para preservar la seguridad y la soberanía e independencia nacionales del Espacio Aéreo Mexicano, señala el documento avalado por los legisladores de Morena, el PVEM y el PT.
La ley contempla crear el Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo; el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, y el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo.
El Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo será la instancia superior responsable de emitir las políticas de coordinación e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la administración pública federal para garantizar la protección del espacio aéreo.
Entre sus atribuciones se plantea «establecer los procedimientos de actuación para la detección, identificación, intercepción aérea y seguimiento de aeronaves que se deriven de un alertamiento aéreo. Estará integrado por el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, quien lo presidirá, y los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; Seguridad y Protección Ciudadana, y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
El Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo controlará las operaciones aéreas dentro de las áreas restringidas y las de vigilancia y protección del espacio aéreo.
A su vez, el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano estará integrado por la Sedena; la Secretaría de Marina; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Gobernación.
«Cuyo objeto es coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lo integran, de inhibir o contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas y aquellas que atenten contra la seguridad nacional», señala el documento.
La ley establece que las autoridades deberán actuar cuando una aeronave cambie de ruta sin motivo aparente; no responda a las instrucciones de los servicios de control de tránsito aéreo; no cuente con plan de vuelo; registre cambios erráticos de velocidad, altura o rumbo, o sobrevuele una zona restringida, prohibida, peligrosa o de vigilancia.
Asimismo, se considerará como vuelo clandestino cuando la tripulación no cuente con plan de vuelo o se apruebe durante el vuelo para evitar ser detectado; desacate las instrucciones de la nave interceptora; no exhiba los distintivos de nacionalidad y matrícula; aterrice en lugar distinto al establecido en el plan de vuelo o se localice en cualquier superficie terrestre o marítima diferente a un aeródromo o helipuerto.
En la presentación del dictamen, la emecista Mirza Flores Gómez presentó una moción suspensiva, porque con la ley se avanza en la consolidación de la militarización del país en todos sus ámbitos. El recurso fue desechado en votación económica.
Por su parte, el diputado Francisco Huacus, del PRD, refirió que el único objetivo es «militarizar el espacio aéreo». Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidará la ley porque los diputados del bloque oficialista «sólo votan por consigna», sin conocer el proyecto.
Asimismo, el panista José Antonio García dijo que estarán atentos a la aplicación de la ley y la actuación de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Defensa Nacional.
