Especial
CIUDAD DE MÉXICO, CDMX.- El 15 de febrero de 2022, tres días antes de que se iniciaran las jornadas de denuncia y memoria por los 65 trabajadores fallecidos en la mina Pasta de Conchos, un documento de una unidad de información de la Sedena dio cuenta del interés de sus mandos por las acciones de los deudos, al elaborar un “estudio” remitido a la superioridad.
El documento fue comunicado a través de correo electrónico, obtenido entre el mar de información filtrada por el hackeo conocido como GuacamayaLeaks, cuya copia tiene Proceso.
Fue dirigido al cuartel general de la 47/a ZM y emitido desde el 14/o RCM Múzquiz, Coahuila, sin identificarse los nombres de los oficiales o mandos entre los que se comunicó, excepto por esas siglas que corresponden al Cuartel General de la 47 Zona Militar y al 14 Regimiento de Caballería Motorizado.
Más allá de las tareas de información política, en el “estudio” también se asentaron consideraciones técnicas sobre el pasado, la impunidad del caso y el futuro de los planes anunciados y que se supone están en marcha por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre la información remitida por el mencionado grupo de información del 14 Regimiento de Caballería Motorizado destaca que, contrario a lo prometido por el presidente y lo calendarizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que encabeza Manuel Bartlett, el rescate de restos al que el gobierno programó destinar 75 millones de dólares en un periodo de cuatro años, no es viable:
“Si bien es cierto que los informes supuestamente elaborados por los técnicos de la CFE refieren que es factible la recuperación de los restos de los mineros atrapados, también lo es que, en atención al tiempo transcurrido del siniestro, al derrumbe de los túneles de la mina y a la filtración de agua ocurrido, no sea posible que en cuatro ni más años puedan recuperar citados restos humanos de la mina siniestrada (sic)”, se lee en el inciso e, del apartado III del documento.
Desde el gobierno de Felipe Calderón y luego con el de Enrique Peña Nieto, la idea de recuperar los restos fue rechazada. Fue hasta el actual gobierno cuando el propio presidente tomó el asunto, prometió realizar el rescate y encargó de ello a la CFE que lo planeó de manera diferente a como lo imaginaban los deudos.
A diferencia de la idea original de los deudos, de avanzar por los túneles reconstruyendo derrumbes, bombeando agua, e ir encontrando los restos, mientras se hacían peritajes, la CFE decidió realizar una serie de obras que fueran a donde se supone estaban los trabajadores el día del siniestro. Es decir, rompiendo todo y anulando el peritaje.
El 23 de octubre de 2020, el presidente López Obrador acudió al predio de Pasta de Conchos, presentó ahí un “Acuerdo de Intención” de rescate de los restos que estaría a cargo de la CFE. Aunque tanto el mandatario como la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, habían prometido que el rescate tomaría cuatro años y no lo heredarían a la próxima administración, en los hechos, es verdad que como asentó el “estudio” militar, no lo conseguirán.
Como se mencionó, el “estudio” fue enviado el 15 de febrero de 2022, esto es, apenas un mes después de que se asignaran los contratos para las primeras tareas en la mina que terminaron favoreciendo a dos empresas filiales de Prodemex, la contratista de infraestructura propiedad de Olegario Vázquez Raña.
Hasta enero pasado el avance de los trabajos no llegaba ni a 7%, mientras que la CFE ya negociaba la cancelación del contrato con las empresas Desarrollo de Terracerías y Proacon, como dio a conocer Proceso en su edición 2411 del pasado 15 de enero.
CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA
En plena Semana Santa de 2007, Grupo México, propietario de la mina sinistra-da, dio a conocer un informe con el que justificaba suspender los trabajos de recuperación de los cuerpos a los que se había comprometido. Y el gobierno de FelipeCalderón lo dio por bueno.
La demanda de los deudos ha sido el rescate de los restos invocando el derecho humano a sepultarlos conforme a sus creencias. Sin embargo, el rescate abría también la posibilidad a un peritaje que esclareciera lo ocurrido, pues hasta ahora no existe claridad sobre lo que motivó el accidente que cobró la vida de 67 trabajadores, dejó bajo tierra a 65 y con lesiones graves a otros 11.
Conocido como “Informe Wooton”, por ser el apellido de un supuesto experto estadunidense sobre el que no había registros, la conclusión fue que había riesgos de detonar una epidemia de salmonela, tuberculosis y VIH, si se continuaban los trabajos en la mina. Por absurdo que fuera, pues es claro que ese tipo de enfermedades no se transmiten así, el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, defendió a capa y espada la posición empresarial acusando a los deudos de “lucrar con la tragedia”.
El asunto fue ampliamente discutido e inclusive, requirió la intervención del Foro Consultivo Científico y Tecnológico que ya no hizo referencia a las conclusiones del Informe Wooton, pero sí estableció la posibilidad de realizar el rescate de los restos de los trabajadores si se ponían las condiciones para hacerlo.
Lozano Alarcón, sin embargo, sostenía que el informe del Foro, confirmaba la inviabilidad y durante el gobierno de Enrique
Peña Nieto, el asunto se reiteró o se mantuvo fuera de la discusión. Durante el gobierno de Peña Nieto, el asunto ni siquiera se abordó.
Hoy, la filtración de Guacamaya Leaks, permite observar que inclusive el Ejército Mexicano, tiene una consideración sobre el asunto.
El “estudio menciona que el 23 de junio de 2006, se recuperó el primer cuerpo correspondiente al minero que en vida se llamó Felipe de Jesús Torres Reyna, de 49 años de edad, al momento del colapso; que el 1 de enero de 2007 se rescató el segundo cuerpo sin vida de quien fuera José
Manuel Peña Saucedo.
“El 4 de abril de 2007, el consorcio Grupo México, con el aval del Gobierno Federal, decidió suspender los trabajos de rescate de los mineros atrapados (…) argumentando que entre el 25% y el 75% de la mina estara inundada y que existía contaminación biologica.
“Sin embargo, el hallazgo de los dos cuerpos rescatados en la autopsia refirió que murieron por asfixia y no calcinados como lo consideró Grupo México, abriendo la posibilidad de un peritaje que deslindara responsabilidades y una posterior queia ante Derechos Humanos en contra del Gobierno Federal”.
LA OPINIÓN DE LA COMANDANCIA
Las consideraciones del “estudio de Pasta de Conchos” son una reiteración de lo expuesto en cuanto a la inviabilidad del rescate así como al seguimiento de actividades de los deudos para el memorial de 2022.
En la fracción IV del documento, el inciso c) establece: “La CFE es la responsable del proyecto de recuperación de los restos humanos atrapados en la Mina 8 Pasta de Conchos*, quienes continúan realizando trabajos de rescate; sin embargo, su cronograma de actividades e informe de avances no se encuentran publicados en fuentes de información abiertas”.
En efecto, los informes remitidos a los deudos suelen ser presentaciones esporádicas realizadas por personal de la CFE, sin que exista un seguimiento puntual de los trabajos.
Para el 19 de febrero de 2022, la unidad de información del 14 RCM preveía una mayor afluencia de personas a los actos conmemorativos, luego de que el año precedente tomó nota de que la pandemia redujo la asistencia.
Entonces, el “estudio” concluye: “Esta
Comandancia de Regimiento llevará puntual seguimiento de los eventos que se programen y realicen con motivo del XVI Aniversario Luctuoso del siniestro en la Mina Pasta de Conchos, los días 18 y 19 de febrero”.
