Fabiola Sánchez
Privado de su libertad, condicionado al pago de 18 mil pesos para dejarlo ir, permaneció algunas horas un joven interno del Centro de Rehabilitación Varonil denominado “Rompe Cadenas”, luego de que sus padres solicitaron el alta del anexo y el propietario del mismo exigía el citado pago para su liberación.
El anexo se encuentra ubicado sobre la Calle Díaz Ordaz, esquina con Emiliano Zapata, de la Colonia 288, al oriente de la ciudad. No cuenta con rotulación o alguna manta que lo identifique como un Centro de Rehabilitación.
Susana Flores madre del joven de 23 años, quien fue anexado –por decisión de su hijo- el mes de diciembre en el Centro de Rehabilitación, donde le garantizaron un cambio y alejar a su hijo de las adicciones, este domingo se llevó una desagradable sorpresa en la visita que hiso al mediodía al interno.
Informó que, era esta la segunda visita que hacía a su hijo y aprovechó la oportunidad para dialogar con él y cuestionarle el trato que recibían, pero la respuesta que recibió no fue agradable, considerando injusto el maltrato del cual son víctimas los internos.
La madre de familia, preocupada por la estabilidad de su hijo solicitó su alta para trasladarlo a otro Centro de Rehabilitación, sin embargo, los “padrinos”, encargados se negaron hacer entrega del joven y le solicitaron dialogara con el propietario.
Cabe hacer mención que, la familia informó que el pago que realizan es de 720 pesos semanales y 2 mil pesos mensuales y la rehabilitación en el anexo es de 6 meses, además en las visitas la familia tiene que llevar alimentos para convivir.
Ante la negación que dieron en la entrega del interno, la señora Susana se comunicó con el propietario a quien solo conoce vía telefónica y se identifica como “padrino Lozano”, a quien le propuso firmar un pagaré siempre y cuando otorgara la libertad de su hijo.
Ambos encargados se negaron hacer la entrega del joven, lo que causó molestia a los padres de familia y dieron aviso al número de emergencias 911, para reportar la privación de la libertad de su hijo.
La familia del interno solicitó la presencia de LA PRENSA DE COAHUILA para exponer su situación y al arribó de este medio de información durante la transmisión en vivo el propietario del anexo, accedió a conceder una entrevista vía telefónica.
Eduardo Lozano, es la persona quien se identificó como el propietario e informó que no podía hacer entrega si no cumplía con el pago de 18 mil pesos, de tratamiento por los cuatro meses faltantes del interno.
“Hay un contrato que se le dijo verbalmente y se le entregó en físico, tenemos una firma y huella de la madre, para el internamiento del chavo”, lo comentó el “padrino” Lozano, quien no pudo dar una respuesta si el documento es legal.
Aseguró que el Centro de Rehabilitación cuenta con todos los permisos para operar y actualmente tienen anexados a 35 personas con problemas de adicciones, quienes reciben el apoyo de psicólogos y médicos especialista.
“Le cobramos solo 600 pesos, les ayudamos de buena voluntad”, lo señaló el propietario, entrando en contradicción del pago, y la familia lo confrontó, señalándole que ellos cubren una cuota de 720 por semana y pago de 2 mil pesos mensuales, lo que terminó aceptando finalmente.
“Tiene que terminar el proceso de 6 meses o liquidar los cuatro meses que faltan”, lo exigía el “padrino”, quien finalizó la llamada diciendo: “se lo voy a entregar, pero que no lo vuelvan a traer”.
Desde el interior del anexo, las dos personas encargadas hicieron la entrega del joven presionados ya con la presencia de la Policía Municipal, quien arribó al lugar luego de la llamada telefónica que hiso la familia al 911.
El joven se reunión con sus padres, pero desafortunadamente su comportamiento era algo extraño, pareciendo estar bajo influjos de alguna sustancia toxica, lo que su madre tomo la decisión de trasladarlo a un nosocomio para su atención médica.
Será el día de hoy que el joven sea sometido a un antidoping para determinar si minutos antes de su salida no se le subministro alguna sustancia que lo alterará.
