Con las nuevas reformas al Instituto Nacional Electoral y las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, la democracia se ha puesto en debate tras las acciones e intereses políticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como de los partidos de opsición.
De acuerdo con un artículo publicado en el medio Financial Times, en las elecciones presidenciales de México de 1988, el conteo oficial se detuvo después de que los primeros resultados mostraran al candidato de la oposición a la cabeza, supuestamente debido a un mal funcionamiento de la computadora. Cuando se reanudó el conteo, el hombre del partido gobernante fue el ganador.
Una reforma integral de la autoridad electoral de México en la década de 1990 envió esas artimañas a los libros de historia. Unas elecciones justas permitieron a la oposición obtener una victoria histórica en 2000, poniendo fin a 71 años de gobierno de un solo partido.”Ahora, el presidente populista de México, Andrés Manuel López Obrador, quiere hacer retroceder el reloj”, dice el artículo.
La semana pasada, el izquierdista impulsó con mano dura una legislación en el Congreso para recortar el presupuesto del independiente Instituto Nacional Electoral (INE) y debilitar sus poderes de supervisión. Este fue su segundo intento de neutralizar el instituto después de que una legislación aún más draconiana fracasara el año pasado.
El razonamiento de López Obrador para mutilar una de las instituciones más populares y respetadas de México es endeble. Afirma que el presupuesto de 765 millones de dólares del organismo es excesivo. Sin embargo, las responsabilidades del INE incluyen la administración de un sistema seguro de cédula de identidad nacional para casi 95 millones de personas. Alega que es parcial y corrupto. Pero el INE certificó la victoria electoral del presidente en 2018 y desde entonces ha avalado numerosos triunfos de su alianza Morena.
La oposición huele a rata. México celebra elecciones presidenciales y congresales el próximo año en las que López Obrador está dispuesto a cimentar su dominio político. La reelección presidencial es un tabú centenario en México, por lo que elegirá personalmente a un sucesor para que se postule bajo los colores del partido gobernante. Quiere a toda costa retener una mayoría en el Congreso y, si es posible, alcanzar el umbral de dos tercios que permite el cambio constitucional. Un instituto electoral complaciente hará su tarea mucho más fácil.
Tales tácticas son familiares en la política mexicana. Durante la mayor parte del siglo XX, fueron dominio exclusivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), célebremente descrito por el novelista peruano Mario Vargas Llosa como la “dictadura perfecta”. López Obrador se inició en la política como activista del PRI en las décadas de 1970 y 1980 antes de unirse a un nuevo partido de izquierda. Ahora parece decidido a resucitar algunas de las peores tradiciones del PRI.
El presidente mexicano es preocupantemente intolerante con la oposición política o la cobertura mediática crítica. Ambos, en su opinión, son obra de élites corruptas. Las instituciones independientes como el banco central o la Corte Suprema solo son pukka si cumplen sus órdenes. Una economía basada en el petróleo y centrada en el estado sigue siendo un objetivo; una refinería de petróleo de 16 mil millones de dólares debe entrar en funcionamiento este año.
Los ataques de López Obrador al sistema electoral son similares a los de otros populistas en las Américas, como Donald Trump o Jair Bolsonaro. Esto no es un accidente. López Obrador disfrutó de una buena relación de trabajo con Trump y fue uno de los últimos líderes mundiales en reconocer la victoria electoral de Joe Biden.
¿Qué hacer con el asalto de López Obrador a la democracia mexicana? La oposición está organizando una protesta masiva y planea impugnar la nueva ley electoral en la Corte Suprema, asediada por el presidente. Es hora de que los aliados y amigos de México hablen. La Unión Europea debe encontrar su voz. Pero lo más importante es Estados Unidos, el vecino y mayor socio comercial de México.
La administración de Joe Biden ha sido encomiablemente sólida al denunciar el creciente autoritarismo en América Central, pero curiosamente silenciosa sobre el mismo fenómeno en su aliado latinoamericano más importante: Andrés Manuel López Obrador. Esto debe cambiar. ¿Cómo puede haber un “friendshoring” en un país que se está volviendo cada vez más intolerante con la oposición política y una sociedad libre y abierta?
