Por Pascal Beltrán del Río
Las Fuerzas Armadas que necesitamos
Cuestionado por una reportera en su conferencia matutina del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se enredó al tratar de justificar que el Ejército haya intervenido varias conversaciones del responsable del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, cuyo teléfono celular había sido infectado por el sistema de espionaje Pegasus, adquirido por el gobierno el sexenio pasado, pero que, a decir del propio López Obrador, no se ha usado en esta administración.
“Bueno, se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto. Y el instituto de inteligencia del gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza”, afirmó. Y agregó: “Nada más que le quede claro: nosotros no espiamos a nadie (…) El caso que está mencionando de este defensor de derechos humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalándolo que tiene vínculos, presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas”.
El Presidente aprovechó el intercambio para arremeter nuevamente contra los medios, pero, en los hechos, confirmó lo que periodistas encontraron entre los documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional por el grupo Guacamaya: que Ramos había sido espiado por militares. “Sí hay inteligencia –insistió el mandatario–, porque, si no, ¿cómo se enfrenta a los delincuentes?”.
En diferentes ocasiones he argumentado en este espacio –desde el periodo del presidente Felipe Calderón– que dejar las labores de seguridad pública en manos de las Fuerzas Armadas, sometería al Ejército, Fuerza Aérea y Armada a un peligroso deterioro de su prestigio. Los tres anteriores secretarios de la Defensa Nacional habían expresado, en distintos tonos y en conversaciones privadas, sus reservas sobre incrementar las responsabilidades de los soldados en esas tareas, pero, lamentablemente, ninguno de ellos consiguió que su jefe –el comandante supremo de las FA—admitiera sus argumentos.
En el actual gobierno, cualquier duda en ese sentido ha quedado diluida en el mar de encomiendas que el presidente López Obrador ha dado a los militares. Igual que en sexenios anteriores, la participación castrense en las tareas de seguridad pública ha suplido la ausencia o mala capacitación de policías municipales y estatales.
Con la creación de la Guardia Nacional y su encuadramiento en la Sedena –violatorio de la Constitución, a decir de numerosos expertos que he entrevistado–, la intervención ha ido más allá de los antecedentes. Y eso ha dado lugar a dos situaciones muy negativas para los militares: que sean hostigados e incluso perseguidos por civiles que –por las razones que sean– resienten su presencia en sus comunidades, o que cometan abusos de fuerza en el curso de sus operaciones.
La captura de Ovidio Guzmán, el 5 de enero pasado, parece haber marcado un antes y un después entre un Ejército sometido a humillaciones y uno que no duda en disparar, incluso cuando no está amenazado. Así lo muestra el asesinato de cinco civiles en Nuevo Laredo, a manos de soldados, el 26 de febrero. Como ciudadano que respeta a nuestras Fuerzas Armadas y reconoce la lealtad que han tenido a las instituciones del país, no me gusta ver a nuestros soldados y marinos en ninguno de esos escenarios.
Tampoco me gusta saber que espían a los gobernados sin tener la orden de un juez. Por más desesperados que estemos con la falta de seguridad que padecemos, esa conducta claramente ilegal no se debe tolerar. No basta que se diga en la mañanera presidencial que el señor Raymundo Ramos tiene vínculos con delincuentes. Si existen, éstos tienen que probarse en un proceso penal. No se vale espiar y luego viriguar.
La participación de los militares en tareas de seguridad pública debe ser excepcional y acotada. Y ser sustituida cuanto antes por la de policías civiles. Ojalá soldados y marinos comprendan el riesgo que implica para ellos mismos prolongar este estado. Los necesitamos en lo suyo: la defensa del país de amenazas del exterior.
