Por Pascal Beltrán del Río
Corrupción, azote de los migrantes
La muerte de 39 extranjeros indocumentados en Ciudad Juárez –a quienes las autoridades dejaron encerrados mientras el fuego consumía la estancia provisional migratoria donde se encontraban– ha destapado una red de extorsiones en el Instituto Nacional de Migración (INM).
Ayer, en entrevista con Imagen Radio, el abogado Jorge Vázquez Campbell, quien ha defendido a decenas de migrantes en aquella frontera, señaló que la estancia migratoria incendiada era el lugar donde se cobraban cuotas de 500 dólares para expedir oficios de salida definitiva del territorio nacional –que permiten al migrante abandonar la estancia y quedarse otros 30 días en el país–, bajo la amenaza de mantener detenidos a aquellos que no pagaran y eventualmente deportarlos.
Dicha práctica, agregó Vázquez Campbell, no ocurre sólo en Ciudad Juárez, sino “en todo México” y de ella el principal beneficiario, asegura, es Francisco Garduño Yáñez, titular del INM.
Luego, para mi sorpresa, afirmó que empleados de la estancia provisional migratoria se habían acercado a él –temerosos de ser acusados de homicidio, por los sucesos de la noche de lunes– y le revelaron que la orden de mantener cerradas las rejas durante el incendio provino nada menos que del representante del INM en el estado, el contralmirante (en retiro) Salvador González Guerrero, quien se la comunicó vía teléfono celular a una subalterna. Dicha denuncia la presentó también ante la delegación de la Fiscalía General de la República.
Imaginar que alguien puede dar una instrucción así resulta escalofriante y difícil de asimilar. Sin embargo, la indolencia con la que actúan los servidores públicos captados en el video de la cámara de seguridad del locutorio de la estancia provisional migratoria es francamente incomprehensible.
Ingeniero en ciencias navales por la Escuela Naval Militar Antón Lizardo, González Guerrero se desempeñó como representante del INM en Sonora y Guerrero antes de llegar a Chihuahua. Lo había precedido en el cargo otro militar, el general (en retiro) Pedro Alberto Alcalá López.
En mayo de 2022, el contralmirante González Guerrero fue regresado súbitamente a la Ciudad de México. El abogado Vázquez Campbell me dijo en la entrevista que esto se debió a las denuncias que él presentó por las extorsiones de personal a su cargo. Sin embargo, un mes después fue reinstalado.
De acuerdo con Vázquez Campbell, la red de corrupción del INM en Ciudad Juárez la encabezaban los funcionarios Roberto Gaytán Saucedo, Daniel Goray Yosioka y José Guillermo Reynoso Ramírez, quienes “hace como mes y medio” fueron separados de sus funciones. Agregó que el jueves pasado estuvo en esa frontera el comisionado Francisco Garduño, quien visitó la estancia migratoria, ratificó como representante en el estado a González Guerrero, “y luego se fue de compras a El Paso”.
Las denuncias presentadas por Vázquez Campbell quedaron registradas en la prensa chihuahuense. El gobierno que presume no permitir la corrupción no tuvo deseo de escucharlas. Quizá, si lo hubiera hecho, habría metido orden en Ciudad Juárez, y hoy no estaríamos lamentando la muerte de 39 migrantes.
BUSCAPIÉS
*El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó ayer su conferencia de la manera en que debió hacerlo el martes: llamando a que se haga una investigación sobre los hechos de Ciudad Juárez y asegurando que no se va a encubrir a nadie. Es dudoso que el mandatario no haya conocido, antes de que se hiciera público, el video de la cámara de seguridad en la que se ve cómo agentes del INM y personal de seguridad dejan encerrados a los migrantes mientras se quema la estancia provisional migratoria. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que el video estaba en poder del gobierno federal desde la madrugada del martes. Entonces, ¿por qué, horas después, el mandatario llamó a ese lugar “albergue” –cosa que no es– y culpó a los propios detenidos de haber provocado su muerte? Su reacción tardía no es culpa de los medios. Éstos están obligados a hacer las preguntas que atañen al interés público, aunque el Presidente las llame amarillistas.
