Por Pascal Beltrán del Río
Educación y salud, blancos de la opacidad (I)
La información estadística es un insumo básico para la elaboración de políticas públicas. Por ejemplo, para saber cuántos médicos o maestros deben contratarse, los gobiernos necesitan conocer cuántos pacientes y alumnos requieren ser atendidos. Hacer las cosas de otra manera –por capricho o a ojo de buen cubero– implica el riesgo de incurrir en la ineficiencia o malgastar el dinero de los contribuyentes.
México atajó esa necesidad, hace 40 años, con la creación de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Desde entonces, el organismo autónomo ha sido un proveedor solvente de datos de relevancia pública. Parte de la información que compila y disemina, la obtiene por medios propios. Casos clásicos son el Censo Nacional de Población y Vivienda o encuestas como las que realiza sobre Ocupación y Empleo. Sin embargo, otra parte proviene de fuentes gubernamentales (o “registros administrativos”). Por ley, corresponde a la Junta de Gobierno (JG) del Instituto decidir cuál es la Información de Interés Nacional (IIN) que forma parte de su trabajo.
Ayer, en el Diario Oficial de la Federación, aparecieron sendos acuerdos por los que la JG da de baja como IIN a dos indicadores: la información estadística del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), a cargo de la SEP, así como los datos sobre la proporción de la población portadora de VIH con infección avanzada que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales, generada por Censida. Ambos acuerdos entran en vigor hoy.
Resulta imposible aislar dichas decisiones de sus respectivos contextos: por un lado, el desbarajuste educativo que ocurrió durante la pandemia, en la que cientos de miles y quizá hasta millones de alumnos desertaron de las escuelas; y, por otro, el desabasto de medicamentos que comenzó incluso antes de la irrupción del covid, a causa de decisiones administrativas, y que ha afectado, entre otros pacientes, a quienes viven con VIH-sida.
Resulta preocupante que el Inegi haya llegado a una y otra decisión, por las implicaciones que esto tiene, por un lado, para la salud de los pacientes con VIH y, por otro, para el desempeño académico de los escolares. Como digo arriba, sin información pública no pueden planearse ni ejecutarse ni evaluarse los programas del gobierno.
Aunque puede existir la tentación de culpar al Inegi por estas decisiones formalizadas ayer, no puede pasarse por alto que obedecen a una fragilidad institucional de las secretarías de Educación y Salud. Y, en una de esas, a una tendencia a la opacidad que es cada vez más evidente en este gobierno.
En los acuerdos mencionados, la Junta de Gobierno del Inegi explica el fundamento de sus resoluciones. En el primer caso, afirma que la contrarreforma educativa de este sexenio “modificó las fuentes de información que conformaban el SIGED” y que, el 13 de diciembre pasado, el Comité Técnico Especializado de Información Educativa aprobó una propuesta para pedir a la JG que revocara la declaratoria de IIN que existía desde 2015. En el segundo, que el 29 de septiembre de 2022, Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud resolvió eliminar el dato estadístico sobre el porcentaje de pacientes de VIH con infección avanzada que tienen acceso a medicamentos por una modificación de los criterios de ONUSIDA para hacer el seguimiento epidemiológico del virus, que data de 2014, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Mañana trataré en detalle las posibles implicaciones para el sector educativo. Por hoy, terminaré diciendo que la decisión de dejar de generar la información mencionada sobre el VIH-sida llega en momentos en que el número de transmisiones va al alza.
“En México necesitamos un sistema de indicadores transparente y claro, que integre todos los diferentes subsistemas de salud”, me dijo Andrés Castañeda Prado, coordinador del colectivo Cero Desabasto. “Especialmente en el caso del VIH, que busque garantizar que al menos 90% de las personas diagnosticadas con VIH reciban terapia antirretroviral continua”, agregó.
Un gobierno que privilegia su imagen pública a través de negar o minimizar los problemas, poco o nada puede hacer para aliviarlos.
