La Secretaría de Seguridad de Nuevo León informó del cese de ocho policías de Fuerza Civil por detener ilegalmente a un hombre a quien le exigieron 130 mil pesos para no entregarlo a la Policía Ministerial.
A los presuntos, además se les giró orden de aprehensión y podrían alcanzar una pena de 100 años de prisión sin la posibilidad de reducirla por buena conducta.
En rueda de prensa, el titular de la corporación, Gerardo Palacios Pámanes, detalló los hechos en los que también participaron cuatro civiles que se hicieron pasar por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
El plagio se cometió el 2 de febrero alrededor de las 16:30 horas en una zona cercana a la avenida Acapulco, a unos 100 metros de la avenida Teléfonos, en Apodaca.
Como las unidades están monitoreadas por un software especial de Fuerza Civil y se detectó una actividad inusual en el recorrido de las patrullas.
Se estableció que los uniformados interceptaron a un hombre lo bajaron de la camioneta, lo privaron de la libertad y a cambio de no acusarlo de actividades ilícitas le solicitaron 130 mil pesos que les fueron entregados por un familiar, después de lo cual lo dejaron en libertad.
“Cuando asuntos internos de Fuerza Civil documenta todo lo que ya mencioné hacemos contacto con la Fiscalía General de Justicia del estado y ésta obviamente inicia la investigación”, señaló.
Mencionó que se contactó a la víctima de los sucesos y reconoció plenamente las fotografías de los uniformados que participaron en el evento.
“Estamos hablando de ocho policías de Fuerza Civil que conforme a la lista, el pase de lista y la asignación de servicio no tenemos ninguna duda que eran esos ocho”, indicó.
Añadió que a los ahora ex uniformados se les giró orden de aprehensión.
“Hacemos unos momentos notificamos la baja deshonrosa a los ocho individuos y ejecutamos orden de aprehensión en contra de siete de ellos, el número ocho se encuentra incapacitado, tiene una incapacidad laboral”, abundó.
Por lo que concierne a los cuatro civiles que fingieron ser policías ministeriales a uno ya se le ejecutó orden de aprehensión.
“No vamos a permitir este tipo de conductas en contra de absolutamente nadie”, sostuvo.
El funcionario estatal dijo que los ex uniformados están acusados de haber ejecutado un secuestro exprés.
“Y cuando lo comete un policía la pena puede ser de 100 años de prisión, sin posibilidad de reducirla”, estableció.
Palacios Pámanes comentó que como en tiempos anteriores se podría haber despedido a los policías sin que trascendiera a la opinión pública, pero eso no es correcto.
“Mientras yo esté aquí vamos a hacer lo correcto, mientras yo esté aquí lo que le espera a un policía estatal corrupto es una cama de piedra en el penal”, advirtió.
