Pascal Beltrán del Río
Corcholatas militarizadas
Desde que comenzó a hablar, hace más de dos años, de una “generación de recambio” —para dar continuidad a su “movimiento de transformación” más allá de 2024—, el presidente Andrés Manuel López Obrador se aseguró de que quienes aspiren a sucederlo desde el oficialismo no se aparten de sus prioridades políticas ni de su pensamiento.
El 18 de marzo pasado, en el Zócalo, hizo muy clara la instrucción para sus corcholatas, como las llama: “Nada de zigzaguear, sigamos anclados en nuestros principios, reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno”.
Y esta semana, al expresar su inconformidad con el fallo de la Suprema Corte respecto de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, dio un paso adicional en ese sentido, al anunciar que hará un encargo a la siguiente Legislatura del Congreso de la Unión: aprobar una iniciativa de reforma constitucional para dejar escrito en la Carta Magna lo que el máximo tribunal le acaba de negar.
Con ello, el mandatario puso en claro que espera que los diputados y senadores de su movimiento que rindan protesta el 1 de septiembre de 2024 —día de su último Informe de Gobierno— se sometan a su voluntad igual que los integrantes de las dos Legislaturas anteriores.
Pero no sólo eso: también puso una camisa de fuerza al candidato o candidata presidencial del oficialismo para que no pueda expresar una visión distinta de seguridad pública, aunque la tuviera.
Así, el político que hizo campaña en 2012 y 2018 prometiendo regresar a los militares a sus cuarteles se está asegurando de que quien lo suceda en 2024, en caso de ser de Morena, se comprometa en campaña para mantener la política de seguridad pública, en la que soldados y marinos son los protagonistas.
Ya era de por sí difícil que Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum expresaran puntos de vista contrastantes con los del Presidente. De ahora en adelante, será prácticamente imposible. Al menos en lo que toca a la manera de enfrentar a la delincuencia. En los hechos, el mandatario militarizó a sus corcholatas.
El anuncio hace prever también una intensa participación de su parte en la campaña electoral, llamando a los ciudadanos a votar por Morena y sus aliados, para buscar que el oficialismo tenga una mayoría sólida en la próxima Legislatura del Congreso de la Unión, lo cual seguramente dará pie a quejas y denuncias por parte de la oposición sobre la intromisión del Ejecutivo en el proceso.
Pero, aun poniendo todo su empeño, esa meta se antoja complicada, pues incluso con la gran votación que logró el lopezobradorismo en 2018, construir esa mayoría en la Cámara de Diputados requirió sumar algunas adhesiones de legisladores de oposición. Y en el Senado nunca se pudo lograr. Encima, todo el proceso que implica una reforma constitucional normalmente lleva meses, pues requiere —además del trabajo de comisiones y la aprobación de los plenos de las dos Cámaras— el visto bueno de la mayoría de los Congresos estatales.
La Reforma Energética de 2013 —de la que suele decirse que tiene el récord de velocidad parlamentaria— se llevó cuatro meses y medio entre la presentación de la iniciativa y la promulgación. Eso, sin contar con las negociaciones previas, que transcurrieron fuera del Congreso.
Así que lo que realmente ocurrirá con esta idea de López Obrador es que el o la aspirante de su movimiento asumirá en campaña el compromiso de conseguir la aprobación de la reforma sobre la Guardia Nacional. Es una manera, nada sutil, de tratar de permanecer vigente el próximo sexenio.
BUSCAPIÉS
Los siete meses que han pasado desde que se aprobó el pase de la Guardia Nacional a la Sedena —disposición que ahora ha sido expulsada del marco legal por la SCJN— no significaron un descenso en el número de homicidios en el país. De hecho, en ese lapso hubo un pequeño aumento respecto de los siete meses previos: 15 mil 731 contra 15 mil 701, según cifras oficiales.
