Sus abogados afirman que nunca vio o tocó las drogas y que fue involucrado por terceros por unos intercambios por teléfono.
Aristegui
Aunque en apenas 24 horas está previsto que el hermano de Leela, Tangaraju Suppiah (“Appu”), sea ahorcado por ser cómplice en el tráfico de 1 kg de marihuana en Singapur, ni ella ni el reo han perdido la esperanza en que haya un giro de guión en un caso denunciado por sus irregularidades.
“Tiene mucha fe y está muy esperanzado en que un perdón presidencial salve su vida. Se mantiene positivo”, dice a EFE Leela, quien ha visitado cada día a su hermano en la prisión de Changi, desde que hace una semana las autoridades de Singapur pusieron fecha a la ejecución: mañana, 26 de abril.
Tangaraju, singapurense de 46 años y origen tamil, fue condenado a muerte en 2017 por “ser cómplice en una conspiración para traficar” 1 kilo de marihuana de Malasia a Singapur cuatro años antes, si bien él y sus abogados afirman que nunca vio o tocó las drogas y que fue involucrado por terceros por unos intercambios por teléfono cuyo contenido tampoco se presentó en el juicio.
Consumidor de marihuana desde la adolescencia, “Appu” creció en el seno de una familia humilde y pasó su juventud entrando y saliendo de centros de menores y de la cárcel, cuenta Leela. Fue a raíz de una detención por no presentarse para un control de drogas mientras estaba en libertad condicional cuando le implicaron en este caso.
“Incluso su abogado le aconsejó que no se declarara culpable, por lo que le habrían bajado la pena a 12 años de cárcel, al ver que las pruebas eran tan débiles”, lamenta su hermana.
Pero la estrategia no funcionó, y la sentencia a muerte de 2017 fue refrendada por otra corte a finales de 2022, tras la última apelación posible.
Exhausta por sus intentos de explorar todas las vías posibles para frenarla ahora, entre ellas una carta pidiendo clemencia enviada el domingo a la presidenta singapurense, Halimah Yacob, Leela implora justicia y mantiene la inocencia de su hermano.
No obstante, los perdones presidenciales son poco habituales en Singapur: el último data de 1998, en un caso de asesinato, según el registro de Transformative Justice Collective (TJC), una oenegé isleña que pide la abolición de la pena capital.
“Estamos acostumbrados a ver actos de injusticia, pero con este estamos en shock por lo débiles que son las pruebas y lo fácil que resulta enviar a alguien al patíbulo”, dice a EFE Kokila Annamalai, portavoz de dicha ONG y quien acompaña a Leela en la entrevista.
Singapur, tolerancia cero a las drogas
La cosmopolita Singapur tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta, y contempla la pena de muerte para un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana, en drástico contraste con el aumento de la legalización del cannabis en varios países, entre ellos la vecina Tailandia.
Las autoridades isleñas defiende la pena de muerte como “componente esencial” de su sistema judicial y garantía para frenar el consumo -lo que cuestionan las oenegés-, y el año pasado batió récords llevando a cabo once ejecuciones de narcotraficantes, entre ellas la de un preso con discapacidad intelectual, pese a las críticas de la ONU.
Salvo cambios de última hora, Tangaraju será el primer ejecutado de 2023, ahorcamientos que se llevan a cabo en la fecha programada al alba y rodeados de secretismo.
Además de su familia y TJC, oenegés como Amnistía Internacional (AI) se han sumado a pedir que se frene la ejecución: “Su condena a muerte fue impuesta en violación de los derechos y estándares de la ley internacional, lo que la convierte en arbitraria e ilegal”, denuncia AI en una misiva para el primer ministro, Lee Hsien Loong.
