Fabiola Guarneros Saavedra
Línea
En absoluta disciplina, los senadores de Morena abordaron los autobuses que los llevaron del Senado a Palacio Nacional. Ahí, durante tres horas, recibieron instrucciones precisas y ajustaron la estrategia para aprobar, a toda costa, las reformas de la 4T: la extinción de Fonatur para dar más atribuciones al Ejército; despojar a la ciencia de toda influencia académica y eliminar el rastro del Insabi, para ocultar el fracaso en materia de salud.
Obedientes, “los súbditos” —como los llamó la senadora Beatriz Paredes— subieron nuevamente a los autobuses y se trasladaron a la sede histórica del Senado, la vieja casona de Xicoténcatl, para acatar la línea presidencial. Y en cinco horas, los senadores de Morena, PVEM, PT y PES aprobaron sin discusión ni análisis y, por momentos, sin quórum, 20 reformas.
La bancada de Palacio Nacional traicionó los acuerdos pactados con el pueblo, porque aprobó en fast track y en la oscuridad de la madrugada reformas que había prometido consultar con los sectores involucrados y en parlamentos abiertos. Pasó por encima de la legalidad y los procedimientos establecidos en el reglamento para el trabajo en comisiones.
Y en el pleno —el patio de Xicoténcatl— se registraron momentos en los que no existía el quórum en las votaciones y el procedimiento faltaba al protocolo. Hubo reformas que se aprobaron en promedio en 13.8 minutos, sin discusión y sin reflexión, de acuerdo a la crónica parlamentaria de mi compañera Leticia Robles de la Rosa.
Por ejemplo, para la reforma de la Ley de Ciencia y Tecnología existía un acuerdo con la comunidad científica e investigadores universitarios para convocar a un parlamento abierto, lo cual no fue respetado, pasando por encima de todas las disposiciones legales de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.
Pero en la madrugada del sábado, los senadores de Morena y aliados dejaron fuera de la Junta de Gobierno —que decidirá presupuestos, becas y posgrados— a Universidades, académicos y al sector productivo, pues el núcleo de poder del nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) se integrará por 13 secretarías de Estado, incluidas Sedena y Marina, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
La nota de la periodista Robles de la Rosa —que puede consultar en esta misma edición de Excélsior— registra que la nueva ley surge de un proceso legislativo irregular, porque las comisiones unidas no fueron convocadas por su presidente, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, sino por los secretarios de la Comisión, el morenista Gilberto Herrera y la verdeecologista Alejandra Lagunes, junto con el morenista Rafael Espino, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.
La chicanada legislativa de la 4T también logró extinguir al Fonatur para que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, concentre más responsabilidades y atribuciones en materia de ferrocarriles y turismo, pues la reforma aprobada crea una nueva empresa del Estado mexicano, encargada de la realización de estudios, proyectos e inversiones en aeropuertos, ferrocarriles, turismo y cultura, tareas hasta hace poco reservadas al sector privado y social.
Y en menos de 15 minutos —de acuerdo a la nota periodística de Héctor Figueroa—, fue votado un paquete de modificaciones a la Ley Minera, que no consultó a uno de los principales segmentos perjudicados: los grupos indígenas y pueblos originarios.
Eso sí es aplastar a la oposición y la voluntad del pueblo que una vez más no fue consultado sobre este paquete legislativo.
Dentro de los primeros 152 minutos de sesión —que inició el viernes a las 22 horas—, el bloque oficialista concretó la autorización de la nueva línea aérea del Estado, la reducción de la edad mínima para ser diputado y secretario de Estado, el cambio a las reglas mineras y la desaparición del Insabi.
Los remedos en la política de salud serán la vergüenza de Morena, porque costaron 793 mil 625 vidas perdidas. El Insabi ha sido el mayor fracaso del gobierno de la cuarta transformación y con una orden presidencial y un parche legislativo lo eliminan para crear otro Frankenstein.
La creación del Insabi, en 2019, implicó la eliminación de tres programas presupuestarios y el inicio del programa Medicamentos gratuitos —otro error—, además desapareció el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y se creó el Fonsabi. Nada funcionó y no hay ningún funcionario del gobierno federal que se haga responsable de este funesto desacierto en la política de salud.
¿Quién responderá por las muertes y los 102 mil millones de pesos para la atención de todo tipo de cánceres, enfermedades raras, VIH, infartos, que tenía el Fondo? Nadie, porque desde Palacio Nacional se sembró esta máxima: “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
A los senadores de Morena les ordenaron qué hacer y, obedientes, aprobaron todo.
