Pascal Beltrán del Río
El poder detuvo al poder
Ayer fue un gran día para la democracia y la división de Poderes en nuestro país.
Nueve ministros de la Suprema Corte –dos de ellos designados en el actual periodo de gobierno– votaron en contra de uno de los dos decretos mediante los cuales el oficialismo pretendía anular varios avances que había logrado nuestro sistema electoral, ajustando las reglas a su conveniencia.
Confieso que tenía mis reservas de que se alcanzara una mayoría calificada de ocho votos para desechar la primera parte del llamado plan B de la contrarreforma electoral de 2022-2023. Había señales de que la decisión podía terminar muy apretada –ocho a tres o siete a cuatro–, considerando, especialmente, la ofensiva que se había lanzado contra la Corte desde Palacio Nacional.
Sin embargo, uno a uno fueron cayendo los nueve votos a favor del proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien –como comenté ayer en este espacio– encontró graves violaciones al proceso legislativo cometidas por la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión. Sólo dos integrantes del pleno –las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, nominadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador– se pronunciaron en contra.
Antes y después de la votación, los personeros de Palacio Nacional advirtieron que, con este proyecto, el máximo tribunal se propuso sustituir al Legislativo e hizo a un lado el deseo de la mayoría. Pero si a alguien hay que culpar del desenlace –que bien podría repetirse en el caso de la segunda parte del plan B, pues ambas tienen la misma manufactura– es a los legisladores que se esmeraron en dar gusto al Ejecutivo sin reparar en que no basta tener los votos, sino hay que acatar el procedimiento. Éste, como dijo ayer la ministra presidenta Norma Piña, está hecho para salvaguardar el derecho que tienen las minorías a conocer lo que se debate y a que se les escuche.
Es de llamar la atención que el oficialismo haya reaccionado tan mal a la noticia. La única consecuencia que tiene dicha decisión colegiada es que se mantengan las normas electorales que existían antes de que el Congreso aprobara la contrarreforma electoral. Es decir, en lo que toca a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, éstas volverán a la condición que tenían antes de la promulgación del plan B, lo cual no debiera estar tan mal para Morena y sus aliados, ya que con esas reglas ganaron la elección de 2018. Y no sólo eso: la interpretación del concepto de propaganda gubernamental y de las obligaciones de los servidores públicos en tiempos de campaña, contenidas por éstas, fueron promovidas por López Obrador después de los controvertidos comicios de 2006. Así que ni el Presidente ni sus seguidores debieran estar tan enojados.
¿Qué es lo que estará viendo el oficialismo en el panorama de 2024, que le hace pensar que necesita competir con una legislación a modo? Para mí, la decisión de la Corte es venturosa no porque presuponga algún resultado electoral, sino porque afianza el sistema de pesos y contrapesos que ha comenzado a caracterizar a nuestra joven democracia, a la que le ha costado mucho trabajo superar la costumbre –afincada a lo largo de la historia de México– de que el Ejecutivo someta a su voluntad a los otros dos Poderes.
Por citar a Montesquieu, “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo, hasta que encuentra límites”. De ahí que, agrega el pensador francés, “hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder”. En ese sencillo pero profundo principio se basa la división de Poderes, sin la cual la democracia simplemente no existe.
Aún falta que la Corte se pronuncie sobre la segunda parte del plan B, que contiene otras píldoras envenenadas, pero si lo sucedido hoy es indicación de lo que viene, podemos estar confiados: nuestra división de Poderes goza de cabal salud.
BUSCAPIÉS
Agradecidas debieran estar las corcholatas por este fallo. Si las encuestas no se equivocan y una de ellas llegará a la Presidencia el año entrante, la Corte le hizo el regalo de que no se deslegitime su triunfo en función de esa marrullería llamada plan B.
