Pascal Beltrán del Río
Plan C o los límites del todo o nada
Luego de la derrota en la Suprema Corte de su plan B, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció lo que llamó plan C y que consiste en que su movimiento gane la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión en 2024, a fin de poder reformar la Constitución a su antojo.
Con ello, el mandatario puso una enorme presión sobre su partido y también sobre quien resulte su candidato o candidata presidencial, pues ambos estarán obligados a lograr algo que él no pudo, a pesar de la enorme votación recibida en 2018.
Como la Carta Magna limita a 300 el número de diputados que puede acumular un partido político en una Legislatura, Morena tendría que depender de sus aliados para alcanzar la cifra mágica de 334, que equivale a las dos terceras partes de las curules en la Cámara baja. Además, como también fija un tope de sobrerrepresentación de 8% –entre la proporción de votos obtenidos y la del número de asientos en San Lázaro–, la coalición que eventualmente encabece el partido del Presidente necesitaría ganar la elección para diputados federales con algo así como 58% de los votos, es decir, 15 puntos por arriba de lo obtenido hace cinco años.
En el Senado, la cosa es aún más complicada. Suponiendo que dicha coalición ganara la elección de mayoría en todos los estados de la República –cosa que hoy en día se ve poco probable–, recibiría, por esa vía, 64 escaños, pero la oposición acumularía automáticamente 32 por la vía de primera minoría. Entonces, para sumar los 86 que se requieren para tener la mayoría calificada, el oficialismo necesitaría otros 22 asientos y tendría que obtenerlos de la lista nacional, que asigna 32 senadurías de representación proporcional. En 2018, el lopezobradorismo obtuvo 18 lugares por ese principio y, aun así, se quedó corto de la mayoría calificada. ¿Qué será en 2024, sin López Obrador como candidato presidencial?
Además de la enorme dificultad que representa el objetivo trazado por el Presidente, hay algunas cosas que deben decirse al respecto: 1) López Obrador, quien usa las mañaneras para hacer proselitismo a favor de su partido, apuesta por imponer su punto de vista, de una manera que no se veía desde los tiempos del PRI autoritario; y 2) quiere que su movimiento político gobierne sin contrapesos, pues una de las iniciativas constitucionales que ha anunciado que enviará al Congreso el día que se inaugure la próxima Legislatura es la que reforme al Poder Judicial, esencialmente para acabar con la actual conformación de la Corte.
Como se ven las cosas ahora, el oficialismo parece destinado a repetir en la Presidencia, pero sin control del Congreso. Entonces, ni López Obrador, en el último mes de su Presidencia, ni quien lo suceda en el Ejecutivo podrán imponer cosa alguna en el Legislativo. Eso dejará al próximo presidente o presidenta con la obligación de negociar con la oposición si quiere hacer reformas constitucionales y, en una de esas, hasta para aprobar el Presupuesto y sacar cambios a leyes secundarias.
Los dos predecesores de López Obrador –Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– no contaron con una mayoría calificada en el Congreso, pero el primero logró reformar 110 artículos constitucionales, y el segundo, 155 (recuérdese el Pacto por México). López Obrador sólo ha conseguido cambiar 57 artículos. La negociación deja dividendos; el todo o nada, no tantos.
BUSCAPIÉS
*“Esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo”, ironizó ayer López Obrador, entre carcajadas de los paleros que lo acompañan en sus conferencias. Se refirió así al reconocimiento en materia de promoción de los derechos humanos que recibió la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, de la prestigiosa Asociación Internacional de Mujeres Juezas, que agrupa a 6 mil 500 juzgadoras de más de 100 países y que preside la neozelandesa Susan Glazebrook, integrante del máximo tribunal de su país. Gran contraste con lo que dijo el 23 de diciembre pasado, al comentar las acusaciones de plagio que pesan sobre la ministra Yasmín Esquivel, cuando justificó la falta potencial cometida por ella como un “error de estudiante”.
