El estado de Florida presentó una demanda contra la administración federal; argumenta que esa política infringe las normas migratorias
Un juez federal de Florida, en el sur de Estados Unidos, impidió el jueves por la noche al gobierno de Joe Biden que liberara de forma condicional a algunos migrantes recién llegados al país mientras esperan que se procesen sus solicitudes de ingreso.
El juez T. Kent Wetherell tomó esa decisión a raíz de una demanda presentada por el estado de Florida contra la administración federal, bajo el argumento de que la política gubernamental infringe las normas migratorias.
La suspensión llegó antes de que finalizara el llamado Título 42, una regla activada supuestamente para frenar la pandemia de Covid-19, pero que en la práctica se utilizó casi 2.8 millones de veces para expulsar a migrantes impidiéndoles pedir asilo.
Ante el anticipado aumento de los ingresos en la frontera sur tras el final de esa regla, el gobierno estadounidense había decidido permitir la entrada de algunos migrantes y su liberación condicional por «motivos humanitarios urgentes o un beneficio público significativo» tras estudiar cada caso.
Las personas afectadas por esa norma debían acudir a una cita ante los servicios migratorios del país en un plazo de 60 días.
El juez floridano, nombrado por el expresidente republicano Donald Trump, bloqueó esa política alegando que se parecía a una iniciativa similar que había suspendido en marzo.
«En ambos casos, los extranjeros están siendo liberados en el país de forma acelerada sin ser ingresados en procedimientos de expulsión y con poca o ninguna investigación de antecedentes y sin supervisión», escribió Wetherell.
Resolución del juez, «muy perjudicial»
El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, calificó este viernes de «muy perjudicial» esa resolución del juez, en una entrevista con CNN.
El gobierno había intentado convencer a Wetherell de que su nueva política migratoria difería de las anteriores, en un correo enviado poco antes de su fallo.
Según la administración, la nueva norma establece un plazo limitado para la liberación condicional y pone mayor énfasis en garantizar que los migrantes no presentan una amenaza sanitaria o de seguridad.
La misiva insiste además en el carácter excepcional de su política.
«Lejos de utilizar la libertad condicional simplemente por ‘conveniencia operativa’, la libertad condicional se adoptó para utilizarla según fuera necesario para afrontar un aumento inminente y drástico de llegadas a la frontera sur en los próximos días», argumentó el gobierno.
