Jorge Fernández Menéndez
Matehuala y una estrategia fracasada
Era el 2012, hace ya once años. La lucha comenzó entre los propios sicarios de Los Zetas. Divididos el Z 40 y El Talibán, el domingo 12 de agosto el presidente municipal electo de Matehuala, San Luis Potosí, Édgar Morales Pérez, fue asesinado junto con quien fuera su coordinador de campaña, Francisco Hernández Colunga. Seis días después, las autoridades arrestaban a cinco policías municipales acusados de estar involucrados en la ejecución del alcalde. Este asesinato ocurrió cuatro días después de que fuera localizado un vehículo con 14 cadáveres con huellas de tortura y disparos de arma de fuego. Una persona sobrevivió, que había sido dada por muerta, pero fue quien primero habló sobre la ruptura de Los Zetas.
Así se pudo saber que Los Zetas se habían dividido, se habían roto en la región y había comenzado la batalla interna por el control de esa organización: una de las fracciones la controlaba el Z 40, Miguel Ángel Treviño Morales, y la otra lo encabeza el Z 50, apodado El Talibán, con fuerte presencia, sobre todo, en el estado de Coahuila. Heriberto Lazcano, El Lazca, se inclinó por el segundo. Ambos grupos se disputaban Coahuila, además de Zacatecas y, sobre todo, San Luis Potosí. Incluso la ola de violencia posterior que se desató en Michoacán y en Guanajuato tuvo relación con esa ruptura interna en el cártel de Los Zetas, que tenían influencia en ambos estados.
Esa lucha sigue una década después, aunque hayan cambiado algunas siglas y los principales personajes de esas organizaciones hayan muerto o estén detenidos. Incluso Los Zetas, como tal, como organización criminal, ya no existen. Pero sí sus descendientes, enquistados en distintos grupos. Allí en toda la zona cercana a Matehuala, donde hace una década se mataba, secuestraba y torturaba, hoy sigue ocurriendo exactamente lo mismo. La razón estriba en la búsqueda de control sobre la carretera 57, estratégica para viajar del centro al norte del país y, por ende, para todos los negocios que involucran al crimen organizado, entre ellos el de la migración.
El secuestro de 52 migrantes que viajaban en autobús desde Chiapas a Nuevo Laredo no es diferente al de unas semanas atrás, en el mismo lugar, cuando fueron encontradas más de 100 personas privadas de su libertad. Como entonces, una vez que fue denunciado el secuestro se movilizaron fuerzas federales que encontraron a los secuestrados, no a todos, porque algunos de ellos habían escapado y denunciaron el lugar donde habían sido retenidos. Pero esos casos no son ni remotamente los únicos: ese tramo de carretera se ha significado desde aquellos años de la guerra interna de Los Zetas como una zona de terror, donde se repiten los secuestros, los robos de tráileres, los asesinatos, las violaciones. Ocurre con migrantes y con viajeros, con transportistas y turistas.
Y lo que allí sucede es la mejor demostración de por qué la estrategia de seguridad no funciona. Cuando se denunció el secuestro de los migrantes, el presidente López Obrador ordenó la movilización en la zona de la Guardia Nacional para localizarlos. La mayoría, como dijimos, fueron localizados, pero no sus secuestradores. Y es que movilizar a la Guardia Nacional después de cometido un delito de estas características no aporta nada: los delincuentes ya lo saben y se esconden, no se rompen las redes delincuenciales, esperan a que los guardias o militares se vayan y vuelven a operar exactamente de la misma forma en que lo hacían. Además, suelen tener respaldo de autoridades y fuerzas policiales locales, como ya se ha denunciado que ocurre en toda esa zona de San Luis Potosí.
La estrategia de seguridad está basada en reaccionar y de lo que se trata es de adelantarse a las organizaciones criminales, hay que tener mucha mayor inteligencia y destruir esas redes antes de que actúen. Se podrá argumentar que en algunos casos se hace, puede ser, pero si durante diez años las mismas organizaciones siguen operando exactamente igual en la misma franja del territorio, sobre la misma carretera y no pasa nada, y si no pueden esas estructuras criminales ser desmanteladas, de nada sirve que, luego de cometido algún delito que tenga trascendencia, se trasladen allí fuerzas federales.
Se podrá decir que la Guardia Nacional no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Puede ser, pero la idea es que tenga una presencia nacional constante. Es verdad que sin fuerzas policiales locales, sobre todo estatales, no se puede hacer depender todo de la GN. El problema es que no sólo no hay ninguna estrategia para construir un sistema policial nacional que involucre a las fuerzas locales, sino que, incluso, se han quitado hasta recursos con ese objetivo. Cuando hay fuerzas locales significativas y que operan bien, como en la Ciudad de México y Yucatán, los delitos se reducen y las estructuras criminales pueden ser, sistemáticamente, golpeadas. Cuando se quiere hacer depender todo de la movilización de la GN o de militares el resultado termina siendo, casi siempre, parcial y efímero. Y la actual estrategia lo único que contempla es precisa y solamente eso.
Los secuestros de Matehuala nos lo recuerdan una vez más, pero las autoridades siguen pensando que su estrategia es exitosa.
