Seis relatores especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaron presuntas violaciones cometidas en contra de personas que habitan en la región por donde pasará el Tren Maya.
En una carta enviada al Gobierno mexicano, los relatores señalan su preocupación por los posibles impactos del proyecto para las comunidades indígenas que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, su derecho a no ser desalojadas y su derecho a la salud, entre otros, en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
«Nos preocupa además la información que indica que el estudio de impacto ambiental haya sido inadecuado, conllevando riesgos de daños ambientales por las actividades del Proyecto de Desarrollo Tren Maya causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua», afirman en la misiva.
Los relatores detallan que durante el proceso de consulta indígena, el cual fue acompañado en calidad de observador por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, «(se) habría constatado algunas violaciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado».
«Según la información recibida, el proceso habría sido impuesto para legitimar el proyecto, siendo que la decisión estaba ya tomada al margen del consentimiento de las comunidades. No habría sido culturalmente adecuado, por el escaso tiempo, la falta de acuerdos previos sobre cómo se habría tenido que llevar a cabo y la creación de asambleas regionales que no corresponden a la manera de organizarse de las comunidades.
«La información recibida indica que, durante la consulta no se presentó información completa, adecuada e imparcial sobre el proyecto y sus impactos potenciales, al no haberse realizado los necesarios estudios de impactos ambientales y sociales», aseguran los seis relatores de Naciones Unidas.
De igual forma, señalan haber recibido denuncias «sobre actos de hostigamiento contra quienes requieran mayor información, mayor tiempo para su decisión o expresen su disconformidad con el desarrollo del proyecto», así como criminalización, difamación y descalificación en contra de personas defensoras de los derechos humanos que han interpuesto alguna acción legal.
Los relatores manifiestan además preocupación por la «posible militarización», dado que –según anunció el Presidente de la República– los tramos del proyecto ferrocarril del Tren Maya que van de Tulum, Quintana Roo, a Escárcega, Campeche, serán construidos por la Secretaría de Defensa Nacional.
Los relatores de la ONU concluyen con solicitudes específicas de información al Gobierno mexicano, respecto de las medidas previstas para desarrollar los estudios de impacto social, cultural, ambiental y de derechos humanos.
También, solicitan información sobre las acciones previstas para continuar con las consultas a los pueblos indígenas; las medidas para observar los derechos de estos pueblos con relación a los procesos de adquisición de tierras para la instalación del proyecto; la explicación sobre la decisión de emplear las fuerzas armadas en territorio indígena; así como las garantías para eliminar las agresiones en contra de las personas que cuestionan o se oponen al proyecto.
Firman la carta David R. Boyd, Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y José Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El proyecto de desarrollo Tren Maya comprendería una línea ferroviaria de aproximadamente mil 500 kilómetros y el establecimiento de alrededor de 18 estaciones y otra infraestructura turística que constituirían nuevos centros de población en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
