El sector privado pidió a la Cámara de Diputados no prohibir la subcontratación sino sancionar a las empresas que realizan malas prácticas, además de alargar el periodo de transición de una eventual reforma hasta el 2022.
En el primer día del Parlamento Abierto sobre el tema de outsourcing participaron directivos de empresas de capital humano, abogados de cámaras empresariales y representantes del Gobierno federal.
Mónica Flores, directora de Manpower para Latinoamérica, aseguró que se debe distinguir entre outsourcing bueno y aquel que lleva a cabo malas prácticas.
En este sentido, aseguró que en la Legislación se deben incluir figuras como cooperativas, sindicatos y asimilados a salarios, ya que a través de ellas se evaden impuestos y se incumplen con los compromisos laborales.
En tanto, Jaime Zabludovsky, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (Conmexico), señaló que existe incertidumbre por la autorización que la Secretaría del Trabajo tendría que expedir a las empresas prestadoras de servicios especializados, porque no se sabe qué criterios utilizará.
Asimismo, pidió que la reforma en la materia entre en vigor hasta el año 2022, es decir, un año de transición. En esta petición también coincidió la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra).
A su vez, Raúl Maillard, presidente de la Comisión Laboral de Canacintra, aseguró que las penas expresadas en la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo federal son exageradas y contrarias a derecho.
Comentó que este esquema responde en gran medida a la «carga abusiva» que representa el pago de las utilidades.
En este sentido, dijo que se debe cambiar este concepto por el otorgamiento de un bono de productividad para los trabajadores.
«Les pido no satanizar esta figura», dijo a Diputados.
