Pascal Beltrán del Río
Sobre los jueces
En México se tramitan algo así como dos millones de juicios cada año. Entre 80% y 90% de ellos son del orden local y tan sólo el pequeño resto es del ámbito federal. La justicia mexicana es, esencialmente, una responsabilidad de los estados y la Ciudad de México.
No recuerdo haber escuchado, por parte de los gobernadores, alguna queja relevante sobre los jueces, mucho menos una descalificación generalizada sobre su actuación, como las que se han escuchado últimamente en Palacio Nacional.
No se quejan de su respectivo Poder Judicial los gobernadores morenistas ni los panistas ni los priistas ni los emecistas. A ellos, por lo visto, no les parece que la justicia esté podrida ni anuncian iniciativas para cambiar la manera en que se escoge a los juzgadores.
El gobierno federal nunca litiga en los tribunales locales, como sucede con la enorme mayoría de los mexicanos que son parte de un juicio. Lo hace en los tribunales federales, cuyos jueces están en su nómina. Del presupuesto federal salen los salarios de los jueces y los gastos de operación de los juzgados. Es decir, el gobierno federal litiga en su propio ring.
Sin embargo, a pesar de esa ventaja, la Federación hoy pierde muchos de sus casos. Y eso ocurre porque están mal litigados, no por la corrupción judicial.
Si esta última fuera la razón de los reveses que ha sufrido el gobierno, los jueces serían muy ricos. Vivirían en Las Lomas, donde residen muchos abogados, y jugarían al golf, un deporte que practican muchos abogados.
La realidad es que los jueces viven en colonias de clase media, como la Real Vistahermosa, de la ciudad de Colima, donde una casa de 350 metros cuadrados se vende en cuatro millones de pesos. Ahí vivía el juez de control Uriel Villegas Ortiz, y ahí, en su casa, fue asesinado junto con su esposa por un grupo de sicarios, el 16 de junio de 2020.
A pesar de que había llevado importantes casos penales relacionados con el narcotráfico, Villegas había renunciado a la protección que le correspondía por haber sido blanco de amenazas. Por cierto, al escribir estas líneas no encontré información que confirmara en qué etapa se encuentra la investigación sobre el homicidio, ocurrido hace ya casi tres años.
Sin descartar que pueda haber jueces corruptos, 95% de los casos que gana o pierde el gobierno federal tienen su explicación en la actuación de los abogados litigantes. El cálculo anterior es de mi compañero de páginas José Elías Romero Apis, quien mucho sabe del tema, pues ha estado en ambos lados de la mesa en ese tipo de juicios.
El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene como 200 mil casos en trámite. A pesar de contar con unos tres mil abogados litigantes, el IMSS pierde 95% de sus juicios. Incluso tiene una partida presupuestal para pagar juicios perdidos.
Anteriormente, la desaparecida Procuraduría General de la República llevaba todo el litigio federal y no perdía tantos casos. Por algo su titular era conocido como “el abogado de la nación”. En la época en que Romero Apis fue subprocurador, la institución jamás perdió un amparo y no se fugó ningún reo de un penal.
Actualmente, la Fiscalía General de la República tiene como 20 mil órdenes de aprehensión que no ha ejecutado. Los jueces ya se las concedieron, así que de eso no pueden culparlos. ¿Por qué no se detiene a los imputados? ¿Es por incapacidad o porque hay alguien ordeñando las órdenes de aprehensión?
La reciente liberación del alcalde de Iguala por el caso Ayotzinapa tampoco debe atribuirse al juez. Se trata, claramente, de un problema de integración del expediente, por parte de la fiscalía anterior, o de su inadecuada defensa, por parte de la actual. O ambas.
Los jueces resuelven tan sólo lo que los litigantes alegan y prueban. Si no prueban o si alegan mal, entonces no pueden ganar, aunque el juez se dé cuenta de la culpabilidad o de la inocencia.
