CIUDAD DE MÉXICO.-El Gobierno federal estaría dispuesto a eliminar la criminalización del outsourcing y alargar el periodo de transición a empresas que tengan que cambiar sistemas de contratación laboral, informaron fuentes oficiales.
Incluso podría acceder a no prohibir el outsourcing y solo regularlo, siempre y cuando no se asocie a prácticas financieras y laborales ilegales.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró ayer la posibilidad de modificar la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados para regular la subcontratación de empleados a través de terceros, conocida como outsourcing.
«Estamos haciendo la revisión para que no se den estas irregularidades, para decirlo amablemente, porque van en contra de los trabajadores, además, como autoridad, dándonos cuenta que están utilizando estas maniobras», dijo el Mandatario.
López Obrador consideró que los empresarios deberían probar que los usos que se dan a la figura de outsourcing no se convierten en abusos contra los trabajadores.
«Sí, sí (se puede modificar la iniciativa), pero tienen que probar de que no es esto (abusivo)», comentó por la mañana.
Anoche en Palacio Nacional, representantes empresariales y del Gobierno federal sostuvieron una reunión para revisar las posibles modificaciones a la iniciativa gubernamental que contempla considerar como crimen organizado la práctica ilegal del outsourcing.
Fuentes oficiales indicaron que el Gobierno estaría dispuesto a flexibilizar la propuesta y evitar los articulados que criminalizan la práctica.
Industriales y expertos lanzaron distintas advertencias sobre el contenido de la iniciativa, como por ejemplo que volverá burocráticas las contrataciones, que inhibirá la creación de nuevos empleos y que restará competitividad a las empresas.
El sector privado pidió ayer a la Cámara de Diputados no prohibir el outsourcing, sino sancionar a las empresas que realizan malas prácticas, además demandó alargar el periodo de transición de una eventual reforma hasta el 2022.
Jaime Zabludovsky, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (Conmexico), señaló que existe incertidumbre por la autorización que la Secretaría del Trabajo tendría que expedir a las empresas prestadoras de servicios especializados, porque no se sabe qué criterios utilizará.
Además, solicitó que la reforma en la materia entre en vigor hasta el año 2022, es decir, un año de transición.
En esta petición también coincidió la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), a cargo de Adrián Sada.
