Alberto Rojas Carrizales
La compañía Minera del Norte S.A, subsidiaria de Altos Hornos de México reiteró que existe denuncia penal de hechos colocada ante las autoridades por el secuestro de la Unidad Hércules contra Abraham Regino García, Alma Leticia Peralta Mancha, Iván Alberto Martínez Medina, y Juan de los Santos Moreno Gómez, la cual está inmóvil desde abril.
En la querella interpuesta ante la agencia del Ministerio Público de San Pedro de las Colonias, la parte denunciante narró que el 24 de abril, llegaron a la mina cerca de 50 trabajadores liderados por los ahora denunciados manifestando que estaban ahí para exigir pago salarial de sus semanas atrasadas o pendientes de pago, así como pago de pro-huelga.
Añadieron que los inconformes dijeron a los guardias que tomaban el control del acceso principal a la zona habitacional y que desde ese momento tomaban también las puertas 1 y 2 de la zona industrial, inmediatamente obstaculizando y prohibiendo la entrada y salida de personas y vehículos a la localidad de Hércules, no permitiendo entrada ni salida de vehículos.
Además, que los denunciados desde el 26 de marzo han impedido de manera continua que otros trabajadores tengan acceso al área denominada Minado Subterráneo, amenazando con golpear a quienes pretendan ingresar a esa área con la finalidad de realizar el encendido de las bombas que extraen el agua del subterráneo de la mina.
Que al no permitir el ingreso de otros trabajadores gran parte del área de Minado Subterráneo está inundada ya que no ha sido posible sacar el agua mediante bombeo debido a la negativa de esos trabajadores mencionados. Lo anterior, provocando inundación y pérdida cuantiosa de maquinaria y equipo propiedad de Minera del Norte.
Minera del Norte explicó en su denuncia que está en etapa complicada al grado de estar en un procedimiento de Concurso Mercantil para poder cumplir con sus compromisos económicos y lograr la continuidad de la fuente de empleo y sus operaciones.
Esgrimió que además jamás se ha negado a pagar a sus trabajadores, incluso admite que ha incurrido en atraso y se encuentran pendientes de pago algunas prestaciones reclamadas por los trabajadores, pero ello no justifica los hechos cometidos. La compañía minera dio personalidad jurídica para el caso a los abogados Carlos Valdés, Alejandro Ramírez Lares, y Ricardo Zertuche Mendoza.
