Raúl Contreras Bustamante
Educación y pobreza
Es de llamar la atención la disminución en la inversión en materia educativa, a la que sólo se le asignó 14.7%.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social –Coneval– define que una persona se encuentra en situación de “pobreza multidimensional” cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, aunado a que sus ingresos sean insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiera para satisfacer sus necesidades.
Por su parte, la Ley General de Desarrollo Social –en su artículo 6º– define dichos derechos sociales. En primer lugar, a la educación; seguida de: salud, alimentación, vivienda, medio ambiente sano, trabajo y seguridad social, así como la no discriminación.
De manera reciente, el Coneval presentó su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, que ofrece un diagnóstico del desarrollo económico y social de nuestro país de 2018 a 2022.
El informe detectó un gasto estable en el componente de desarrollo social, pues en 2018 era el 59.8% del gasto y en 2022 representó el 62.6%. Sin embargo, llama la atención que la composición de este gasto tuvo cambios, pues en 2018 se destinaba de dicho componente el 17.5% a educación y el 13.9% a salud, mientras que en 2022 bajó al 14.7% y 12.2%, respectivamente.
En materia educativa el informe aporta importantes hallazgos. El porcentaje de analfabetismo es del orden de 4.7% en 2020, que significa que casi 4.5 millones de personas en el país no saben leer ni escribir. En el mismo año, la escolaridad promedio para el total de la población de 15 años o más, fue de sólo 9.7 años, lo que equivale a concluir la secundaria.
A dicha estadística conviene tener en cuenta los efectos perniciosos causados por la emergencia sanitaria del covid-19. Durante el ciclo escolar 2020–2021, la población de 3 a 29 años inscrita fue menor que en el ciclo inmediato anterior, pasando de 33.6 millones a 32.9 millones.
El porcentaje de escolaridad de los alumnos del país va disminuyendo en cada nivel de enseñanza, lo que indica que las necesidades económicas los obligan a trabajar y a que la educación profesional implica la exigencia de contar con apoyo familiar y de becas de subsistencia.
Todos estos datos se pueden relacionar con las Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial publicadas en junio de este año, que señalan que los países con más bajos recursos son los que destinan menos porcentajes de sus presupuestos a las personas desfavorecidas, ya que sólo destinan –en promedio– 3% de su gasto total en protección social; mientras que los países en desarrollo registran un gasto de 26% y los países desarrollados 40%, en promedio.
Si bien en 2022 en nuestro país se destinó 62.6% en el componente de desarrollo social, es de llamar la atención la disminución en la inversión en materia educativa, a la que sólo se le asignó 14.7%, casi 3% menos que en 2018. Es innegable que la apuesta correcta para la superación de la pobreza y el desarrollo de la nación debe ser la educación.
Un mayor gasto en el rubro del desarrollo social focalizado a los programas asistenciales ayuda a mejorar las condiciones de las personas que las reciben; pero no saldrán nunca de la pobreza si no reciben la educación suficiente que les permita acceder a empleos bien remunerados y a la protección de la seguridad social.
Por ello, no deberemos quitar el dedo en el renglón e insistir en que la educación ya no debe ser considerada como derecho social, sino como un derecho humano de carácter fundamental, cuya progresividad presupuestaria esté garantizada, año con año.
Como Corolario, recordar de nuevo la frase de Derek C. Bok, rector de Harvard por 20 años: “Si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia”.
