CULIACÁN, Sin.- En un segundo centro de rehabilitación contra las adicciones, en el municipio de Angostura, Sinaloa, elementos de la Marina y del grupo élite de la Policía Estatal Preventiva rescataron a 39 personas que se encontraban privadas de su libertad y se detuvo a 3 personas que vigilaban el sitio.
A solo tres días de que, en este mismo municipio, en la comunidad de Chinitos, fue rescatado un primer grupo de 18 jornaleros que por espacio de seis meses los mantuvieron privados de su libertad, realizando tareas en el campo en jornadas agotadoras de más de 16 horas y hacinados en un centro de rehabilitación, se descubrió otro centro.
En un breve mensaje en su cuenta de Tweet, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo dio a conocer el operativo que se desplegó la noche del viernes pasado en Angostura, en el que se liberó a 39 personas.
Sin emitir mayores datos, sobre la detención de tres personas, este solicitó a la ciudadanía aportar datos en forma anónima a las líneas de emergencia sobre posibles nuevos sitios, en los que se tengan personas retenidas en contra de su voluntad para obligarlos a trabajar, en condiciones inaceptables.
Lo que se conoce sobre este nuevo centro de rehabilitación denominado «Hermanos Unidos A.C.», al igual que el anterior es que carece de permisos y licencias para operar por parte de la Secretaria de Salud del Estado.
El miércoles pasado, 2 trabajadores del campo que lograron salir de un centro de rehabilitación contra las adicciones, de la comunidad de Chinitos, Angostura, donde los tenían hacinados y solicitaron ayuda en un campamento de la Marina, ubicada en la zona pesquera de la Reforma.
Un grupo mixto de marinos y de la Policía Estatal Preventiva rescataron a un total de 18 personas, entre ellas un menor de edad de 17 años, los cuales eran obligados a trabajar en tareas del campo y del mismo centro por más de 16 horas diarias.
En ese sitio se encontró a cinco personas más, las cuales narraron haber ingresado a este centro por su voluntad, ya que sus familias deseaban que fueran rehabilitados, por lo que Fiscalía General del Estado investiga sus antecedentes y valida sus datos.
