Yuriria Sierra
Judicialización preelectoral
En los últimos meses (y particularmente en las últimas semanas) el proceso electoral (que legalmente todavía ni siquiera empieza), México ha estado marcado por una intensa actividad legal, con diversas denuncias presentadas por actores políticos y la Fiscalía General de la República (FGR). Esta judicialización ex-ante, es decir, el inicio de acciones legales antes de la elección, ha despertado todo tipo de debates y suspicacias. Acostumbrados a la judicialización poselectoral, los mexicanos estamos completamente descolocados de enfrentarnos ante este inédito escenario de metralla judicial preelectoral.
Es indiscutible que la transparencia y el respeto a las leyes son fundamentales para la democracia. La judicialización puede ser una herramienta para asegurar que los comicios se desarrollen de manera justa y equitativa, garantizando que aquellos que violen la ley o cometan actos de corrupción o intimidación enfrenten las consecuencias.
Sin embargo, también es imperativo preguntarnos si esta avalancha de denuncias es una muestra de una genuina preocupación por la integridad del proceso electoral o si, en algunos casos, puede tratarse de una estrategia política para desacreditar, intimidar o avasallar a los oponentes para ganar ventaja electoral.
En un contexto en el que la polarización política está a tope, y en el que el escenario político cambió inesperadamente al que había prevalecido desde hace un par de años, es crucial discernir las intenciones detrás de las acciones legales y no permitir que se utilicen con fines meramente partidistas. Y sobre todo, que no pongan en riesgo la realización de los comicios de 2024 y su integridad democrática.
López Obrador vía la FGR, Alejandro Moreno, Xóchitl Gálvez, el SAT, Víctor Hugo Romo y Layda Sansores, todos presentando denuncias que tienen que ser investigadas con rigurosidad, ya que son una oportunidad para salvaguardar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. La confianza en el sistema de justicia y en las instituciones electorales es vital para la estabilidad democrática y la paz social.
En medio de este escenario, también es importante que los ciudadanos no nos dejemos llevar por la polarización y el ruido que esto genera. Debemos estar atentos y críticos ante cualquier intento de manipulación o desinformación por parte de actores políticos y autoridades que buscan sacar ventaja en la contienda electoral.
Como sociedad, tenemos el deber de exigir transparencia, imparcialidad y respeto a la ley en el proceso electoral. La justicia debe ser ciega ante los colores partidistas y actuar con celeridad y objetividad.
La judicialización ex-ante del proceso electoral en México es un momento que no nos había tocado atravesar jamás en esta magnitud y copiosidad. Merece ser observada con atención y seriedad. Si bien representa una oportunidad para garantizar la limpieza del proceso, también puede ser utilizada como una herramienta política para debilitar a oponentes y sembrar desconfianza en el sistema. Demasiado trabajo nos costó tener un sistema que garantizara, al menos, que el voto de todos los mexicanos se contara debidamente y que todos los partidos estuvieran en posición de competir y de ganar, como para permitir que este clima reviente lo que tantas décadas nos tomó construir.
Como ciudadanos, debemos estar muy alertas y ser críticos ante cualquier intento de manipulación o uso incorrecto del sistema legal. Sólo así podremos ser una democracia sólida y representativa para todos los mexicanos.
