CIUDAD DE MÉXICO.- El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, se mostró confiado de los argumentos orales presentados por los abogados Steve Shadowen y Jonathan Lowy en representación de México para convencer a los tres jueces de que la ley de Protección del Comercio Legal de Armas.
Tras la audiencia de apelación en la que el gobierno de México pidió ante la Corte del Primer Circuito en Boston, Massachusetts reabrir una demanda de 10,000 millones de dólares contra empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, informó que el gobierno mexicano ha gastado cerca de 15,000 millones de dólares, (5% de su PIB), en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas.
En videoconferencia de prensa el funcionario reiteró que “las armas están en México no por generación espontánea, sino por la irresponsabilidad de las empresas que permiten que los criminales puedan acceder a ellas en los Estados Unidos”.
“En México solo tenemos un lugar donde se pueden comprar armas legalmente. La inundación de armas y el alto poder de fuego el que viene por el tráfico ilícito desde los Estados Unidos, es algo externo, es algo que México no desea, no quiere”, declaró.
El consultor jurídico se mostró confiado de los argumentos orales presentados por los abogados Steve Shadowen y Jonathan Lowy en representación de México para convencer a los tres jueces de que la ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por su sigla en inglés), la cual blinda a las empresas fabricantes de armas, no aplica para daños cometidos fuera de territorio estadounidense.
Se estima que la respuesta de la Corte de Apelaciones demore entre seis meses y ocho meses.
“El mejor escenario para la causa mexicana es que se ordene a la corte de Massachusetts que retome el caso y que entre en la fase de producción de pruebas (lo que en inglés se conoce como discovery). El peor escenario es que se reafirme la decisión de no seguir con el caso”, dijo.
El funcionario mexicano gregó que: “Es una demanda donde el Gobierno de México le exige a las empresas de la industria de las armas que se conduzcan de manera responsable. Es un tema que demorará en términos judiciales. Somos optimistas de que eventualmente lograremos una decisión favorable”.
Son dos demandas las que el Gobierno de México ha presentado. Una ante la Corte Federal en Boston, Massachusetts, convocada hoy a la audiencia de apelación, desechada en primera instancia en septiembre del 2022. Y hay una segunda demanda presentada ante una Corte Federal en Tucson, Arizona que está dirigida contra cinco empresas que venden armas en Arizona y están señaladas por su comercio irresponsable y negligente que facilita el tráfico de armas de manera ilícita hacia México.
De acuerdo con Celorio ambas demandas contienen argumentos similares, la diferencia estriba en que la demanda en Boston está dirigida a empresas fabricantes y distribuidores, al origen de la cadena de distribución y venta; y la demanda en Tucson está dirigida a los actores en el último punto de la cadena de distribución y venta.
La primera audiencia en Tucson, para presentar argumentos orales, se realizará a finales de agosto.
