El diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, presentó una iniciativa que reforma el artículo 106 del Código Municipal para el Estado de Coahuila para establecer que en los lugares que no hubiera representante del Ministerio Público, corresponde al síndico, fungir como agente Investigador, con las mismas atribuciones y obligaciones de éste, aplicando los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y perspectiva de niñez y adolescencia, para lo cual deberán de recibir la capacitación correspondiente.
De acuerdo con el diputado, se busca garantizar la integridad de las mujeres y niñas coahuilenses, de asegurar el seguimiento y cumplimiento de órdenes de protección para víctimas de violencia de género, de violencia familiar y ante el incremento de esos casos, sobre todo pensando en los municipios pequeños, donde los sistemas de emergencia no funcionan de forma idónea para atender llamadas de auxilio de las víctimas.
Recalcó que el papel del municipio es de vital importancia, ya que atendiendo correctamente estos llamados se puede ingresar al domicilio y evitar un feminicidio, dar auxilio a la víctima de manera inmediata, en casos de urgencias y siempre que no exista un Ministerio Público en la localidad, ya que son de acuerdo a la ley, las síndicas o síndicos municipales los que en ejercicio de la función ministerial, pueden otorgar órdenes de protección las cuales deben ser cumplidas por las autoridades municipales.
La misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagra el derecho a la protección y a las garantías judiciales como pilares básicos del Estado de Derecho (artículos 8.1 y 25), lo cual se encuentra en sintonía con el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el cual no solo condena todas las formas de violencia contra la mujer, sino que conmina a los Estados parte a tomar medidas apropiadas y sin dilación para erradicar dicha violencia.
“Nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos contemplan la obligación inmediata del Estado en casos de violencia contra las mujeres, para que incluyan procedimientos, mecanismos judiciales, y legislación encaminada a prevenir la impunidad, incluyendo medidas para proteger a las mujeres de actos de violencia inminentes” detalló Emilio De Hoyos.
Agregó que el objetivo es que la atención al llamado de emergencia no demore, además se trata es de robustecer el marco jurídico, que Síndicas y Síndicos estén capacitados y listos para que, de ser necesario, sepan cuáles son sus facultades y obligaciones y que las sepan ejercer, en respeto de los derechos humanos, pero con la capacidad de reacción necesaria.
