Néstor J. Hurtado Vera.
El pasado 18 de julio, dos mineros perdieron la vida en un pozo de carbón en el ejido el Mezquite en el municipio de Sabinas. Tristemente la película se vuelve a repetir una y otra vez en la Región Carbonífera.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) circuló un boletín informando que la mina era operada por Minera Fuga, S.A. de C.V., misma a la que le realizaron una inspección de seguridad el 31 de agosto del 2022.
En dicha visita constataron que había condiciones que ponían en peligro la vida, salud e integridad de los trabajadores, por lo que, como medida precautoria decidieron restringir el acceso y limitar operaciones. Por lo que, al estar al margen de la Ley, la STyPS procedió a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue y en su caso sancione a los responsables.
Una vez más personas fallecidas, una vez más accidentes en zonas que no debieron estar trabajando, una vez más el Gobierno Federal denunciando (y lavándose las manos) en zonas que debió vigilar y sencillamente no pudo.
Hay muchas explicaciones del porqué se siguen repitiendo casos tan lamentables como la mina Pinabete, donde perdieron la vida 10 trabajadores, y sencillamente es porque al Gobierno de México no le interesa en lo más mínimo solucionar este tema.
En lo personal admiro el papel de la Delegación de la Secretaría del Trabajo en Coahuila, definitivamente no es su culpa que, debido a la «Austeridad Republicana» cada vez le quiten más inspectores y recorten gastos operativos.
En casi todos los casos de minas con siniestros, hubo una visita de la dependencia federal, lo que no pudieron hacer, fue mantener la vigilancia para que no abrieran de nuevo, ¿y por qué?; sencillamente porque desde 2019, se ha recortado a más del 60 por ciento de personal dedicado a la inspección, esto por «órdenes presidenciales».
Una fuente en la Ciudad de México, que labora en los primeros círculos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, me asegura que el mandatario tiene una lista que actualiza semanalmente para ver cuál funcionario de su gabinete es más austero.
Me platicaba que la que siempre ganaba en ese ranking, era la ex secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde. Casualmente estos despidos, en algunos casos injustificados de cientos de inspectores a nivel nacional, coinciden con las medidas de pobreza franciscana.
Además de no cumplir sus promesas, como no poder rescatar a los mineros de Pasta de Conchos, o a los mineros del Pinabete, al menos en lo que resta de la administración de AMLO, tendremos que acostumbrarnos al riesgo inminente de accidentes en lugares ilegales, por la incapacidad del estado de supervisar.
Lamentablemente el gobierno solo sabe «lavarse las manos» y denunciar los hechos, fuera de ahí está rebasado; es triste que mientras en la Ciudad de México juegan a ser funcionarios «pobres y ahorradores», en Coahuila los mineros sortean a la muerte.
No cabe duda que la pobreza franciscana saldrá mucho más caro que los gobiernos de antes, y esto sin mencionar el coyotaje, la corrupción y la desigualdad con la que el estado adquiere el mineral. En fin, toca esperar a que el presidente de México se olvide de las elecciones y que comience a comprender que la austeridad exagerada seguirá dando fuertes dolores de cabeza.
