SALTILLO, COAHUILA.- El Congreso del Estado se suma a la petición de padres de familia y organismos de la sociedad civil para que el gobierno Federal detenga la distribución de los libros de texto, corrija errores y revise sus contenidos.
Durante la sesión de la Diputación Permanente se aprobaron dos puntos de acuerdo, planteados por Bárbara Cepeda Boehringer y Mayra Valdés González, para responder a la inquietud de padres de familia en torno a los contenidos de los libros de texto.
La propuesta de la diputada Bárbara Cepeda va en el sentido de pedir a la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal se apoye en expertos y profesionales en ciencias educativas y de pedagogía, a fin de que se hagan estudios analíticos para garantizar la calidad de los contenidos en los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024.
Mientras que el punto de acuerdo de la diputada Mayra Valdés indica que se detenga la distribución de los libros de texto hasta que se realice una revisión en los términos y formas que establece la Ley General de Educación, además que se implementen las medidas necesarias para no afectar el ciclo escolar.
Cepeda indicó que los nuevos libros de texto para las escuelas se elaboraron sin cumplir con lo establecido en la Ley General de Educación, que señala que deberían ir de acuerdo a los planes y programas de estudio.
“Se confeccionaron prácticamente en secrecía, sin la participación de padres de familia, maestros y expertos en la materia, aunque el gobierno asegura que sí, pero reservó por 5 años la información del proceso”, indicó.
De igual manera, el contenido de dichos libros ha sido puesto en tela de juicio, ya que principalmente las matemáticas parecen ser relevadas a un segundo plano y su contenido se reduce en más de un 75%, además de que aumentan las páginas relativas a la historia.
Sobre el particular, Cepeda Boehringer dijo que se han filtrado contenidos poco objetivos y carentes de relevancia, tales como la supuesta existencia de un “fraude electoral” al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006, entre muchos otros supuestos que quizá merecerían menos páginas en un país rico de historia como el nuestro.
Valdés González insistió en que el gobierno Federal debió realizar las consultas correspondientes en forma profesional, calendarizada, integral, seria y con total transparencia y eficiencia, al recabar y filtrar las opiniones y sugerencias de todos los actores involucrados, además de observar que la elaboración de los contenidos se apegue totalmente a los principios constitucionales educativos.
Además de dar a conocer a los padres de familia los contenidos de estos libros a fin de que también puedan externar su opinión, la cual debe ser tomada en cuenta como lo establece la fracción VIII del artículo 128 de la Ley General de Educación.
En suma, “no se apegó el gobierno Federal a lo establecido en la ley, ni observó la SEP su propia reglamentación en cuanto a la expedición de las convocatorias respectivas; la publicación de los planes y programas en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”.
