Pascal Beltrán del Río
Combate al crimen: el modo siciliano
En el número 375 de la vía Maqueda, calle que atraviesa el centro histórico de Palermo, hay una tienda que vende frutos secos. Fuera de la buena calidad de sus productos, en nada llamaría la atención si no fuera por una calcomanía oficial pegada en la vitrina: “Bien, confiscado a la mafia, del patrimonio de la Comuna de Palermo”.
El local se encuentra a sólo 400 metros de la iglesia de Santo Domingo, donde reposan los restos del juez Giovanni Falcone, asesinado en mayo de 1992 por órdenes del jefe mafioso Salvatore Riina. Su muerte, mediante el estallido de una bomba de mil kilos, fue en venganza por la persecución judicial que él encabezó contra numerosos mafiosos, entre ellos Riina, el llamado Jefe de Jefes.
Tanto en Palermo como en otros lugares de Sicilia, isla donde se originó la llamada Cosa Nostra, hay cerca de diez mil propiedades confiscadas al crimen organizado, con base en legislaciones que Italia ha puesto en vigor para combatir el lavado de dinero que realizan los grupos delincuenciales.
En una página web de la región autónoma siciliana se puede consultar la lista de activos disponibles para incorporarse al patrimonio de las comunas para uso institucional o social, como la tienda de frutos secos con la que se financia una cooperativa. Entre ellos hay terrenos urbanos y rurales, edificios, departamentos, viviendas rústicas y locales comerciales.
La semana pasada se informó que una villa ubicada en el suburbio palermitano de Acqua dei Corsari será convertido en un sitio para atender a niños y adolescentes discapacitados. Otro activo decomisado, en Bagheria, al oriente de la ciudad, se convertirá en un centro de salud especializado en tratar enfermedades crónico degenerativas.
Es decir, las autoridades italianas no se han limitado a dar duros golpes a la estructura de la mafia siciliana, como la detención, en enero pasado, de Matteo Messina Denaro, quien llevaba 30 años prófugo, y de Antonio Lo Nigro, aprehendido en mayo, sino que han afectado duramente sus finanzas.
Aunque las confiscaciones comenzaron a aplicarse mediante decreto en los años 70, fue realmente ya entrado el presente siglo cuando la legislación italiana se perfeccionó para hacer frente a las estrategias financieras que los criminales han usado para ocultar sus bienes y lavar dinero y castigar también a las personas que les ayudan a hacerlo.
En México estamos, por desgracia, muy lejos de eso. Si bien desde 1996 se reformó el artículo 22 de la Constitución para contemplar “el decomiso de los bienes propiedad del sentenciado, por delitos de los previstos como de delincuencia organizada”, y desde 2008, la “extinción de dominio en sentencia”, los efectos han sido muy limitados.
Incluso la Ley de Extinción de Dominio, que data del sexenio de Felipe Calderón y reformada en este sexenio, ha tenido resultados insignificantes. “Es una legislación mal hecha y mal entendida”, me explica el abogado constitucionalista y penalista José Elías Romero Apis. “Se adapta con dificultad al régimen jurídico y puede ser combatida con recursos como el amparo. La técnica jurídica que requiere es complicada. No la entienden las fiscalías y tampoco la mayoría de los jueces”.
En los hechos, la extinción de dominio ha tenido una función mediática, para intentar mostrar que la autoridad hace su trabajo. Pero es muy diferente que una propiedad esté asegurada en lo que se lleva a cabo un proceso penal y, otra, que se extinga en favor del Estado el dominio de la propiedad. Así que de los centenares o miles de casos de propiedades actualmente aseguradas en México, acaso un puñado terminará en extinción de dominio. En los hechos, ha representado un dolor de cabeza para las personas que rentan su propiedad a otras que la convierten en un lugar donde realizan actividades ilegales, claro, sin notificarle al dueño, a quien le espera un viacrucis judicial para recuperar la propiedad.
En éste como en otros casos, hace falta una verdadera voluntad de hacer cambiar las cosas y no sólo dar la impresión de que se trabaja para aparecer favorablemente ante la opinión pública.
