Pascal Beltrán del Río
¿El gasto social es fiscalmente sostenible?
Las tres décadas recientes en México se han caracterizado, en materia económica, por la convicción de las autoridades de que el crecimiento y la inclusión social son dos procesos distintos.
En un ensayo publicado en el número de agosto de la revista Nexos –que dirige Héctor Aguilar Camín–, los especialistas Santiago Levy y Luis Felipe López-Calva llegan a la conclusión anterior y afirman que, fuera de particularidades discursivas, ésa ha sido la política de quienes han gobernado el país por ese lapso, sin importar si son del PRI, PAN o Morena.
Se ha tratado, dicen, de “subsanar las deficiencias del mercado laboral con aumentos del gasto social”, sin reparar en que hacerlo agrava dichas deficiencias. Durante ese lapso se ha buscado la inclusión social, agregan Levy y López-Calva, con instrumentos que han generado la exclusión y han castigado la productividad. De esa manera, se han subsidiado los empleos informales –lo son 55 de cada cien puestos de trabajo, los cuales dan cuenta de apenas una cuarta parte del PIB–, se ha frenado la competencia y se ha debilitado el Estado de derecho.
En el actual gobierno, abundan, se ha continuado con “la idea de que las transferencias de ingreso dirigidas a las familias pobres acabarán con la pobreza, independientemente del funcionamiento del mercado laboral”. En estos días seguramente se debatirá públicamente qué papel han jugado dichas transferencias –los llamados programas sociales– en la reducción de la pobreza de la que informó la semana pasada el Coneval.
De acuerdo con la institución, 5.1 millones de mexicanos dejaron de ser pobres durante el lapso 2018-2022. Y aunque varios voceros del oficialismo lo atribuyeron a la aplicación de dichos subsidios, el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz, especificó que ése fue el caso de sólo una parte de ellos (alrededor de 3.5 millones). El resto tendría que explicarse por los cambios en la política laboral (el aumento al salario mínimo y el fin del outsourcing) y la mejoría en el ingreso que venía dándose desde 2016 y que fue interrumpida por la pandemia. En todo caso, vale la pena preguntarse qué tan sostenibles son los programas sociales como manera de buscar la inclusión social, una política que, como dicen Levy y López-Calva, precede a este gobierno.
De acuerdo con otro texto aparecido en la misma edición de Nexos, firmado por Mariana Campos y Jorge Cano, el gasto social ha comenzado a presionar tanto al gasto público general, que se impone un recorte para cumplir con esas obligaciones. “En el sexenio actual hemos llegado a un punto de quiebre: por primera vez el gasto en pensiones del sector público es más grande que sus ingresos”, afirman, con base en datos presupuestales. Los investigadores de México Evalúa dicen que la combinación de pensiones contributivas (como las del IMSS y el ISSSTE) con las asistenciales (programas para adultos mayores y personas con discapacidad) se ha incrementado en 433 mil millones de pesos desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que los ingresos totales sólo aumentaron 345 mil millones de pesos.
Esto representa un verdadero reto para el próximo gobierno, más allá del partido que gane las elecciones de 2024. Ninguna de las dos coaliciones dice tener entre sus planes una reducción de los subsidios, lo cual significa que las nuevas autoridades estarán obligadas a elevar los ingresos, recortar otros gastos o recurrir al endeudamiento.
En el actual Presupuesto de Egresos se tienen contempladas partidas que suman 1.3 billones de pesos –de un total de 8.3 billones– para el pago de dichas pensiones. Se estima que para 2030, al final del próximo sexenio –con el ritmo de envejecimiento de la población–, se requerirán 2.3 billones de pesos para el mismo propósito, sin considerar aumentos.
Por el bien de todos, la discusión sobre los subsidios deberá ir más allá del debate sobre si son la causa del descenso de la pobreza –en el caso de la pobreza extrema, que aumentó en el lapso referido, claramente no lo fueron– e incorporar el tema de la sostenibilidad. Como dicen Levy y López-Calva, sería un error “gravar más la formalidad para subsidiar más la informalidad”.
