Sin recursos extraordinarios para su ejecución, la Cámara de Diputados avaló reformas para considerar a las niñas, niños y adolescentes huérfanos a causa de feminicidio u homicidio como víctimas indirectas y garantizar su acceso a apoyos federales y estatales.
Con 336 votos a favor, 124 en contra y 2 abstenciones, el pleno avaló con modificaciones el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.
El documento reconoce como víctimas indirectas a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad originada por homicidio o feminicidio, y establece que tendrán derecho a los fondos de ayuda federal y estatal para garantizar su acceso a la salud, a la educación, a la atención psicológica, a la asistencia, a la protección, a la reparación integral y, en su caso, a una compensación.
Señala que las entidades federativas y el Registro Nacional de Víctimas deberán contar con un padrón permanente y actualizado que incluya a menores en orfandad por homicidio o feminicidio, desagregando la información por edad, sexo, escolaridad y víctima indirecta.
Además, establece que el acceso a la salud, a la educación, a la atención psicológica y a los fondos de ayuda federal y estatal se otorgarán hasta alcanzar la mayoría de edad o, en caso de que se encuentre cursando sus estudios superiores, hasta la obtención de su título o cédula profesional.
El pleno avaló una reserva presentada por Morena que elimina la disposición de que los derechos de las víctimas indirectas de homicidio y feminicidio sean garantizadas con cargo al fondo que corresponda, y establece que, en su lugar, serán atendidas con cargo al presupuesto autorizado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y los fondos estatales.
«Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a los ejecutores de gasto correspondientes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto durante el ejercicio fiscal que corresponda», expone el artículo 4 transitorio.
La diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle dijo que si bien se trata de una reforma importante, porque busca garantizar el interés superior de la niñez en la Ley General de Víctimas, ésta no considera recursos para el acceso a los derechos establecidos en ella.
La legisladora advirtió que lejos de ello, la reforma genera responsabilidades para las entidades federativas, y plantea que instituciones como la CEAV se hagan cargo de la atención a pesar de que la propia Cámara de Diputados le aprobó un presupuesto 5 por ciento menor para 2021.
«Es decir, no solamente eliminaron los fideicomisos sino que ahora pretenden que con los recursos de la Comisión de Atención a Víctimas, que además vienen reducidos para el próximo año, se atienda a las víctimas», indicó.
La presidenta de la Comisión de Población y Gobernación, la morenista Rocío Barrera, dijo que reconocer a las y los hijos de víctimas de homicidio y feminicidio como víctimas indirectas permite poner a su alcance mecanismos para hacer efectivo su derecho a la salud, a la educación y a la ayuda psicológica, así como a los recursos de ayuda federal y estatal, a la reparación integral del daño y, en su caso, a la compensación.
La legisladora dijo que la reforma procura protección a uno de los sectores más desprotegidos y vulnerables y antepone el interés superior de la niñez cuando niñas, niños y adolescentes adquieran el carácter de víctimas en razón de homicidio o feminicidio de sus padres, madres o tutores.
