Néstor J. Hurtado Vera.
Como era de esperarse, con mayoría de Morena, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2024, que prevé ingresos totales por más de 9 billones de pesos.
De entrada, suena mucho presupuesto, pareciera que muchos de los problemas de México por fin se van a solucionar, o al menos eso dieron a entender los congresistas del bloque de izquierda, pero, aunque falta por aprobarse en la Cámara Alta, ¿cómo viene y qué podemos esperar?
Aunque casi no lo presumen, autorizan al Gobierno de México la posibilidad de endeudarse hasta por casi dos billones de pesos, y aunque no hay nuevos impuestos, permiten a Pemex y a CFE contratar deuda.
En sencillas palabras, aunque faltan muchas cosas por explicar, como los reajustes en áreas tan relevantes como salud, seguridad, educación o inversiones en infraestructura, los reflectores se ponen en los más de 700 mil millones de pesos que usarán para programas sociales en plena sucesión presidencial.
Si bien en nuestro país aún se padece una de las peores desigualdades del mundo, la pregunta que debemos hacer es: ¿resulta responsable solicitar miles de millones de pesos de deuda para gastarlos en programas sociales en tiempos electorales?
Aquí pudiéramos entrar a un laberinto sin salida. Habrá quienes defiendan, habrá quienes no coincidan, pero al margen del presupuesto federal anual, ¿qué debemos exigir los coahuilenses de dicha distribución?
Los retos no son menores y más cuando analizamos las declaraciones del ex Administrador Fiscal y ahora titular de Desarrollo Social, Javier Díaz, quien señaló que, según estimaciones, desde el año 2018 el Gobierno Federal ha «asfixiado» presupuestalmente a Coahuila con alrededor de 23 mil millones de pesos que simplemente no ha entregado a nuestra entidad.
Lo dicho por el funcionario estatal es gravísimo, porque entonces no sólo se castiga a Coahuila desde la conformación del presupuesto, sino además a la hora de asignar y aplicar la redistribución.
En este mismo espacio mencioné el ejemplo de la ampliación de la Carretera Saltillo-Zacatecas, en donde se etiquetaron alrededor de 100 millones de pesos en el PEF 2022 para ser ejecutados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero a mediados de año, sencillamente y de un «plumazo» avisaron que dicho dinero sería utilizado para «programas prioritarios» por el Gobierno de México.
Parece el mismo guion, pero lo dije el año pasado y lo vuelvo a repetir; y es que los coahuilenses debemos unirnos y alzar la voz en contra de las «injusticias presupuestales», ya que no dar 23 mil millones de pesos a un estado -por la razón que sea- es injusto e incluso «raya» en lo ilegal.
Es necesario entender que no sólo las obras federales siguen inconclusas como la corrección del tramo conocido como «Los Chorros», la ampliación hacia Derramadero, la ampliación de la carretera Allende-Nueva Rosita, o un sinfín de proyectos. También por cada recorte se afectan directamente temas en seguridad, economía, salud, educación, salud e infraestructura en favor de las y los coahuilenses.
