El ex funcionario fue detenido en agosto de 2022 por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
Milenio. Debido a su precario estado de salud, un juez federal decretó prisión domiciliaria a favor del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, solo por el proceso que enfrenta por los presuntos los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Sin embargo, el ex funcionario no podrá salir, ya que enfrenta otro proceso donde le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, motivo por el cual continuará internado en la Torre Médica de Tepepan.
Debido a su precario estado de salud, un juez federal decretó prisión domiciliaria a favor del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, solo por el proceso que enfrenta por los presuntos los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Sin embargo, el ex funcionario no podrá salir, ya que enfrenta otro proceso donde le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, motivo por el cual continuará internado en la Torre Médica de Tepepan.
Tribunal ordena a juzgado dar entrada a amparo de Jesús Murillo Karam
Fuentes cercanas al caso comentaron que ayer se celebró una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte donde el juez de control José Rivas González determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva, tomando en cuenta su edad y su delicado estado de salud.
Asimismo, el juzgador ordenó la colocación de un brazalete electrónico y que la prisión domiciliaria la enfrente en su domicilio de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México.
En este caso se determinó aplazar hasta enero del próximo año la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) pretende acusar formalmente a Murillo Karam, y solicitar una condena de 82 años de cárcel por su probable responsabilidad en dichos delitos.
Asimismo, en abril del presente año, la FGR imputó por segunda ocasión a Murillo Karam, ahora por su presunta responsabilidad en la tortura de la que supuestamente fue víctima Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, señalado en la pasada administración por la PGR como sicario de Guerreros Unidos, a quien se responsabilizó de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dicha audiencia se realizó a puerta cerrada, a petición de la FGR y fue presidida por Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur.
Este último caso, es el que frena en estos momentos que Murillo Karam vaya a casa, porque deberá solicitarse una audiencia para buscar el cambio de medida cautelar.
La verdad histórica de la PGR
El ex funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto fue detenido en agosto de 2022 al ser acusado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
El 28 de enero de 2015, Jesús Murillo Karam aseguró que la “verdad histórica” era que los 43 normalistas “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, declaró el funcionario hace siete años.
Jesús Murillo Karam
Murillo Karam aseguró que las pruebas eran contundentes y no dejaban lugar a duda de que el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado eran los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos y ordenaron a los policías de su localidad y Cocula entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios para matarlos.
La verdad histórica fue refutada en abril de 2012 por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con residencia en Tamaulipas, mismo que ordenó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala porque aseguró que la indagatoria de la PGR no fue “imparcial” e independiente y había indicios de que los principales acusados fueron torturados.
