Prohibir este modelo de trabajo, sería muy peligroso ya que podría afectarse seriamente la relación comercial entre los países integrantes del T-MEC.
Torreón, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís declaró que en Coahuila, su gobierno no está en contra de regular la figura del Outsourcing para eliminar las malas prácticas que pudieran vulnerar los derechos de los trabajadores, así como evitar la defraudación fiscal por parte de las empresas que hacen un mal uso de ella. No obstante, dejó en claro que: “ prohibir esa figura representaría un daño económico irreversible, así como la pérdida de inversiones y de fuentes formales de empleo para todo el país y desde luego para nuestro estado “.
Y agregó que eliminar el Outsourcing, en las condiciones en que lo plantea el Gobierno Federal, provocaría que diversos sectores económicos y empresas, pierdan competitividad, desalentando además la inversión extranjera directa. “ Respecto a esto último, me han informado que representantes de los partidos Republicano y Demócrata de Estados Unidos, coincidieron en que llegar a prohibir este modelo de trabajo, sería muy peligroso ya que pudiera verse seriamente afectada la relación comercial entre los países integrantes del T-MEC”, advirtió.
El mandatario coahuilense añadió que en nuestro país, distintos organismos empresariales se han manifestado en el mismo sentido y su pronunciamiento es a favor de cualquier esfuerzo que se haga para acabar con las actividades fraudulentas del Outsourcing, pero lo anterior, sin perder de vista, que existe una muy importante actividad económica detrás, así como de generación de empleo formal y digno, creado a través de la subcontratación laboral, la cual debería regularse no eliminarse.
Riquelme Solís expresó que “ desde mi gobierno, estimamos que de aprobarse dicha reforma, pudiera inferir en los compromisos establecidos en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que la prohibición total de la subcontratación de personal, generaría la activación del panel de controversias del T-MEC, para analizar una posible violación de los derechos laborales “.
Por lo que respecta al contexto nacional, la eventual aprobación de la iniciativa podría ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que estaría limitando la actividad laboral.
Miguel Riquelme expresó que para dimensionar el alcance negativo de esta reforma, es necesario señalar que el mercado de la subcontratación en México, está integrado por aproximadamente 5 millones de trabajadores, es decir, el 23 por ciento de los inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Indudablemente, dijo, las condiciones actuales derivadas de la pandemia, “nos obligan a buscar las mejores prácticas en beneficio de la sociedad. En el Estado estamos trabajando en la protección de todas y todos los coahuilenses, buscando mantener las fuentes de empleo, lo que ha posicionado a nuestra entidad como una de las que ha alcanzado mayor recuperación laboral”.
Desde Coahuila, “hacemos un llamado al Congreso de la Unión para que escuchen y tomen en cuenta las opiniones del sector empresarial de toda la geografía nacional, antes de dictaminar la iniciativa planteada por el ejecutivo federal, señaló.
“Busquemos esquemas que nos conduzcan a regular de manera efectiva la subcontratación de personal, sin pulverizar el espíritu de esta herramienta que es de gran utilidad para el desarrollo económico del país”, es el posicionamiento del mandatario coahuilense, respecto a esta iniciativa de reforma que actualmente se encuentra en proceso de discusión entre representantes de los organismos empresariales del país y el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, tras de que el pasado 11 de noviembre, el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados la Iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto de Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el objeto de prohibir la subcontratación de personal (Outsourcing), la cual, también está en proceso de análisis y discusión en las respectivas Comisiones de la Cámara de Diputados.
