La Fiscalía General de la República (FGR) falló en su intento por castigar la compra con sobreprecio de un avión para el uso personal del ex Procurador Jesús Murillo Karam en su paso por la dependencia.
Judith Aracely Gómez Molano, quien fuera Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la gestión de Karam, libró una acción penal en su contra por la acusación sobre la supuesta compra con sobreprecio de un avión transcontinental de casi 20 millones de dólares en 2013.
Luis Pérez de la Fuente, magistrado del Sexto Tribunal Unitario Penal en esta ciudad, consideró que la imputación carece de datos de prueba y concedió a Gómez Molano un amparo contra la vinculación a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
«De los antecedentes de la investigación expuesta por el Ministerio Público no se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión», estableció.
Argumentó que el ilícito imputado exige precisar tanto las atribuciones del servidor público como las normas que violentó con su actuar, aspectos que no explica el juez en la vinculación a proceso contra la cercana colaboradora de Murillo Karam.
Para Pérez de la Fuente, los datos de prueba y del hecho imputado no explican cuál fue la dinámica del contrato de adquisición de la aeronave y del arrendamiento financiero, así como cuál es la regulación que rige ese acto administrativo.
«Se considera que no basta con hacer el señalamiento genérico de que la aeronave se adquirió a sobreprecio y que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado, para de ahí concluir lo indebido de su actuar, pues ante la naturaleza del acto del que deriva, no es dable tal afirmación», indicó.
La sentencia no es definitiva, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) todavía puede presentar un recurso de revisión para tratar de revertirla, lo que eventualmente tocaría decidir a un tribunal colegiado penal.
El caso inició por una denuncia presentada el 16 de mayo de 2019 por el capitán Gabriel Hugo de la Mora Esquivas, director general de Servicios Aéreos de la FGR, quien acusó un sobrecosto en la compra del avión Bombardier Challenger 605, serie 5808.
El 30 de agosto de 2013, la entonces Oficial Mayor de la PGR suscribió el contrato de compra-venta con la empresa Aviation Enterprise Inc. por 19.5 millones de dólares, equivalentes a 243 millones 931 mil 350 pesos, al tipo de cambio vigente.
Sin embargo, la nueva Administración de la Fiscalía acusó que su precio comercial era de 15.5 millones de dólares y que la página de internet Bluebook lo cotizaba en no más de 16 millones de dólares.
El denunciante concluyó que la dependencia pagó un sobre costo de casi 4 millones de dólares, que equivalían a 37.5 millones de pesos.
La imputación también sostuvo que, para ejercer actos de dominio, el 30 de agosto de 2013 la entonces PGR suscribió un contrato de arrendamiento financiero con Banobras, con opción de compra final por parte de la Procuraduría «afectando el presupuesto».
Pese a lo anterior, el tribunal federal concluyó que legalmente la FGR no pudo acreditar los elementos de la imputación.
