Un juez federal aplazó para el próximo 15 de enero la audiencia intermedia en la que Rosario Robles será acusada en forma oral por la Fiscalía General de la República (FGR) de las presuntas omisiones ante los desvíos de más de 5 mil millones de pesos en la Estafa Maestra.
Por pedido de su defensa, el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, acordó posponer la diligencia programada para este martes a las 10:00 horas.
El diferimiento, acordado por videoconferencia, ocurre luego de que su defensa manifestara que Robles está en una negociación con la FGR para obtener un criterio de oportunidad, beneficio que podría traerle el retiro de la acción penal a cambio de su colaboración con las investigaciones ministeriales sobre la llamada Estafa Maestra.
Esta es la segunda vez que es aplazada la diligencia, debido a que originalmente fue agendada para el 26 de octubre pasado, aunque en aquella ocasión el juez Villar la reprogramó para este 8 de diciembre, porque la defensa de Robles aún no obtenía dos dictámenes periciales que ofrecerá como pruebas de descargo.
En el nuevo sistema acusatorio, la audiencia intermedia es la etapa procesal en la que los fiscales federales exponen en forma oral la acusación contra el imputado y las partes establecen cuáles son los hechos que ya no estarán a discusión en el juicio.
Al mismo tiempo, en esta audiencia cada una de las partes presentan sus respectivos datos de prueba y se someten a la controversia, para que el juez defina cuáles son los que serán considerados para el juicio.
Una vez concluida la depuración de las pruebas, el juez deberá dictar su acuerdo de apertura de juicio.
En casos complejos, una audiencia intermedia puede alargarse durante varias sesiones y con el proceso de Robles, de seguir su cauce, es probable que así suceda, pues la FGR presentó 288 pruebas en su contra y la defensa un total de 53 en su descargo.
La Fiscalía ya entregó previamente su acusación por escrito y pidió al juez que le imponga 21 años de prisión a la ex titular de la Sedatu y la Sedesol, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
En su escrito, también la FGR pidió imponerle la reparación del daño por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, suma a la que equivalen los supuestos desvíos que se cometieron en el sexenio pasado en las dos dependencias que estuvieron a su cargo.
