Alexis Massieu
La Prensa
A un año y 8 meses de haber presentado su demanda, y tras 4 diferimientos de la audiencia final, el día de ayer se dio a conocer la fecha definitiva para resolver el juicio de amparo promovido por Alonso Ancira Elizondo, en contra del congelamiento de 9 de sus cuentas bancarias, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera, a raíz del caso Agronitrogenados, la cual se celebrará el próximo 29 de enero.
A dicha audiencia, los abogados de Alonso Ancira, llegarán con la aparente ventaja, de que al no haber rendido las autoridades señaladas como responsables, el informe que se les solicitó, se les tendrán por ciertos los hechos de los que se aqueja el empresario, y con los cuales se violentaron presuntamente sus derechos constitucionales.
De acuerdo al contenido de la demanda número 266/2022 que fue presentada el día primero de abril del año antepasado, ante el Juzgado Cuarto de Distrito, el aún Presidente del Consejo de Administración de AHMSA, pidió en ese entonces, un amparo en contra de la emisión del oficio 110/F/B/1847/2022, de fecha 23 de febrero del 2022, por la falta de notificación del mismo, y su ejecución, orden que derivó en el congelamiento de sus cuentas bancarias.
El día de ayer, a 4 meses de que se cumplan 2 años del juicio de amparo, el referido juzgado federal, dio a conocer que el plazo de 15 días que tenían las autoridades señaladas como responsables, para entregar su informe, ya había transcurrió, y como fueron omisas en rendirlo, se les tendrán por ciertos los actos u hechos que se les reclaman.
Tras cuatro diferimientos de la audiencia principal, llamada “constitucional”, la referida autoridad judicial señaló las 10 horas con 30 minutos del próximo 29 de enero, para que se lleve a cabo.
Como se recordará, fue tras la compraventa de Agronitrogenados, celebrada entre AHMSA y PEMEX, con Alonso Ancira y Emilio Lozoya Austin como los principales actores, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le congeló al empresario acerero, 9 cuentas bancarias, nacionales y en el extranjero, con motivo de: “operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero”, lo cual perduró, pese al acuerdo reparatorio de 216 millones de dólares a favor de Petróleos Mexicanos.
