Jueza considera que no se acreditaba el delito. Víctima señala que le pagó 20 mil pesos por trámites que no cumplió
Alexis Massieu
La Prensa
Tras ser acusada la semana pasada de cometer un fraude en perjuicio de una vecina de la colonia Industrial, el día de ayer, la jueza que estuvo a cargo de las dos audiencias de la etapa inicial, le dictó a Norma Leticia “N”, un auto de no vinculación a proceso, indicando que no se daba el delito, porque la víctima dijo, que se había hecho pasar por abogada, y para hacer trámites ante un notario no se necesita un título.
Fue luego de una larga audiencia, en la que los abogados defensores, respondieron a la acusación del Ministerio Público, señalando discrepancias en las declaraciones, tanto de la víctima Lucero Isabel “N”, como de las dos testigos, que la Jueza Anayanzin Adme Olmedo, llegó a la conclusión de que no había datos suficientes para acreditar que la imputada Norma Leticia “N”, fuera la probable responsable del delito de fraude.
Supuestamente, Norma Leticia “N”, es una gestora inmobiliaria, que a mediados del año 2022, se comprometió con la afectada, Lucero Isabel “N”, a ayudarle a vender un predio localizado en la calle Torres Mexicanas de la colonia Industrial, haciendo diversas gestiones por las que le cobró 20 mil pesos, las cuales según la denuncia, incluía una cancelación de escrituras, que nunca se llevó a cabo, y tampoco regresó el dinero.
En la denuncia, la víctima asentó que tenía 10 años de conocer a la presunta defraudadora Norma Leticia “N”, la cual le dijo que ella era abogada, pero la defensa exhibió comprobantes de pago expedidos por un notario, hechos a nombre de la propia víctima, en donde además se identifica a la acusada como gestora.
Finalmente, la juzgadora dijo, que para hacer un trámite ante notario, no se necesitaba ser abogado, como tampoco en el registro público, indiciándole al abogado de la Fiscalía que no se daba el delito por el que estaban acusando a Norma Leticia “N”, y por esa razón dictaba un auto de no vinculación a proceso.
Tanto el ministerio Público, como el asesor jurídico de la víctima, pidieron en respuesta copias del audio y video de la audiencia para dentro de los tres días siguientes presentar una apelación.
