Por Ivonne Melgar
Destructivas buenas intenciones (Afores y outsourcing)
En medio de un frenético cierre de año legislativo, el Congreso es territorio de cambios marcados por esa tensión que caracteriza el impulso transformador del gobierno entre propósitos de justicia social y mecanismos potencialmente destructivos.
El caso de la reforma de pensiones aprobada el miércoles por diputados y senadores ilustra cómo los beneficios que se persiguen para los trabajadores podrían verse obstaculizados por el establecimiento de medidas que distorsionarían el mercado de las Afores.
La manera en que se procesó esta reforma ejemplifica el margen de ambigüedad con el que el gobierno actúa frente al sector empresarial, generando incertidumbre y desconfianza.
Y es que al proyecto anunciado por el presidente López Obrador como un logro que se pactó de manera tripartita —y que a todas las partes tenía satisfechas— posteriormente se le incorporó una medida que rompió el consenso y prendió las alertas de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Nos referimos al tope que se les fijó a las comisiones de las Afores en concordancia con los sistemas de Estados Unidos, Chile y Colombia, un control de precios que representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Coparmex, Consar y sector bancario consideraron peligroso para la sobrevivencia de varias empresas.
Esa fue la advertencia en el parlamento abierto sobre la iniciativa, donde los interesados plantearon que habría efectos adversos como la concentración del mercado y, por lo tanto, la pérdida de la competencia que genera beneficios para los ahorradores.
Morena, sin embargo, no atendió la solicitud de los empresarios ni la recomendación de la Cofece de que ese tope en el cobro de las comisiones iba a desvirtuar al mercado correspondiente.
Y aunque hubo voces de la oposición y de la propia mayoría morenista que llamaron a corregir ese supuesto agregado de última hora, en la Cámara de Diputados resultó evidente que la línea oficial era concretarlo.
“Pedimos el voto en conciencia y en la defensa y en la justicia para que dejen de asaltar, de robar, de esquilmar a los trabajadores de México con esas ignominiosas comisiones altísimas que están cobrando las Afores”, expuso el legislador Pablo Gómez Álvarez durante el debate en San Lázaro.
El discurso antiempresarial del vicecoordinador de la bancada de Morena no sólo se apartó del espíritu supuestamente conciliador que tienen en Palacio Nacional con este sector, sino que confirmó la vigencia del diagnóstico presidencial sobre su carácter rapaz: “Las Afores son el mayor negocio financiero en términos de cuota de ganancia”, sostuvo el diputado Gómez Álvarez.
El rudo mensaje de defensa de los diputados morenistas se ratificó tres horas después en el Senado, donde, sin dictamen ni debate de por medio, la mayoría que encabeza Ricardo Monreal le dio paso al voto automático y unánime, con la oposición incluida, a esta reforma de las leyes del Seguro Social y de los Sistema de Ahorro para el Retiro.
El sector empresarial afectado teme lo peor: este negocio de 4.5 billones de pesos —equivalente al 16% del PIB— con 67.5 millones de cuentas de ahorradores, dejaría de ser redituable hasta que el gobierno se quede con el sistema. Es un pronóstico pesimista con la vista en lo ya sucedido en Venezuela, Argentina y Hungría.
Podría argumentarse que son medidas necesarias para alcanzar la justicia laboral con mejores pensiones. Pero se trata de un espejismo discursivo porque el mecanismo adoptado se traducirá en menores rendimientos para los trabajadores.
Y ésa es la tensión que también subyace en la pospuesta regulación del outsourcing que la iniciativa presidencial busca borrar de México: la intención de garantizar condiciones dignas de trabajo se estrella con el riesgo de que éste se pierda con restricciones materialmente imposibles de cumplir en el peor momento financiero para las empresas en el mundo.
La tregua navideña ofrecida por el presidente López Obrador para una especie de autoregulación, en tanto llega la hora de legislar en 2021, contó con la firma del CCE, la Concamin y el Consejo Mexicano de Negocios.
Pero la Coparmex, la Canacintra y el Consejo Nacional Agropecuario rechazan la estigmatización de un esquema mundial bajo el cual laboran 4.6 millones de mexicanos, en su mayoría —alegan— en condiciones de legalidad y con seguridad social.
De manera que, para este bloque, la idea de prohibir la subcontratación no se justifica porque las irregularidades recaen en menos del 10% de los trabajadores. Y vaticinan el cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.
¿Pecan de desconfiados quienes se negaron a firmar el acuerdo? ¿O es que saben que, como en el caso de las Afores, esta ambigua tregua en materia de outsourcing se traducirá en una nueva arenga tan justiciera como destructiva?
