Por Vianey Esquinca
Elección de Estado
• El Ejecutivo ha pedido que, si ya no debe decir nada, se lo tienen que fundamentar.
Durante años, los partidos políticos han utilizado la expresión “elecciones de Estado” para reclamar la intervención clandestina e ilegal de un presidente o gobernante en los procesos electorales con el objeto de favorecer a un partido o un contendiente. Prácticamente no ha habido ninguna elección sin que algún candidato salga a denunciar la participación indebida de algún funcionario de gobierno.
Lo que es un hecho, es que por primera vez en la historia se está fraguando lo que podrían ser las elecciones de Estado más descaradas. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador está utilizando su mañanera y sus eventos para, a la luz del día, sin ningún intento de ocultarlo, inducir el voto.
A las múltiples personalidades que asume el mandatario todos los días: predicador, ministerio público, juez y policía hay que sumarle el de autoridad electoral.
Con el pretexto de que él tiene el derecho de expresión y manifestación, el mandatario tuerce la ley electoral a favor de su partido. El Ejecutivo ha pedido que, si ya no debe decir nada, se lo tienen que fundamentar. Pues bien, habrá que explicarle con palitos y con bolitas, algunas de las irregularidades que comete.
1. El artículo 134 de la Constitución —que él juró defender— establece que ningún servidor público —él es un servidor público— debe influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Cuando el Presidente critica las alianzas opositoras, dice que son lo mismo, que quieren regresar al pasado, que son conservadores, corruptos y algunas linduras más, está induciendo el voto.
Los únicos que pueden decir libremente si quieren votar por PRI, PAN, PRD, Morena o Chabelo es la gente, el pueblo. Son los candidatos en los diversos estados quienes deberían contrastar sus propuestas o sus diferencias.
2. Ese mismo artículo, que fue modificado en 2007, después de que el propio López Obrador denunciara la injerencia de Vicente Fox en las elecciones presidenciales, también establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social —las mañaneras entran en esa categoría—, deberá tener carácter institucional y que no deberán implicar la promoción personalizada de ningún servidor.
Los mejores recursos que tiene su gobierno: la comunicación, la narrativa y la popularidad presidencial están siendo utilizados para decirle a la gente por quién sí y por quién no votar.
Además, el Presidente se está asumiendo como coordinador de campaña de Morena, incluso como candidato —habría que decirle que, aunque siga actuando como si estuviera en campaña, ya no lo es—. López Obrador ha señalado: “Ahora que voy, me informo que se van a aliar el PRI y el PAN en Baja California, ya van juntos en contra de nuestro proyecto”, “no estoy inventando nada, ellos mismos sostienen que es contra mí y es evidente que por eso es que se están agrupando, se están aliando”.
Por si fuera poco, minimiza las acusaciones que hay en contra de morenistas por corrupción, enmarcándolas en la contienda electoral. Sí, efectivamente cada vez que hay elecciones surgen las demandas de todos lados, pero exonerar a sus correligionarios es… inducir al voto.
Casualmente, aunque el Presidente critica hasta el hastío la alianza opositora, nunca habla de sus rémoras: PT, PES y, por supuesto, PVEM que se vende al mejor postor, y que, incluso, en otra vida, recibió fuertes críticas del mandatario.
El fraude no sólo se hace cuando se compran votos, se dan despensas o se rellenan urnas. El robo electoral o una elección de Estado se da cuando el gobernante en turno decide interpretar la ley a su manera para… inducir el voto. De plano ¿es tan difícil de entender?
