Por Carlos M. Urzúa
Puerta abierta a la ilegalidad
La nueva reforma a la ley del Banco de México, aprobada hace días por el Senado y hoy en la Cámara de Diputados, es, como ha sido ya ampliamente comentado en nuestro país, sencillamente un despropósito. Tanto así que hay que dudar que esa iniciativa, tan burda y lesiva para los intereses de la nación, provenga del propio Senado, lo cual es supuestamente el caso. De hecho, dada la redacción tan peculiar de la iniciativa, el borrador de la reforma provino probablemente desde el propio Palacio Nacional, pero no de motu proprio, sino que fue escrita por financieros cercanos a la Presidencia.
El punto central de la reforma es que el Banco de México estaría obligado a comprar todos los dólares que le ofrezcan las instituciones de crédito en México. ¿Quién se beneficia directamente con esa reforma de ley? En caso de duda, dicen nuestros vecinos del norte, “you should always follow the money” (hay que seguir siempre la pista del dinero). Para empezar los narcos, pero no creo que el gobierno federal pretenda eso. ¿Quién más?, para continuar, las decenas de miles de lavadores de dinero que hay en México, pero tampoco creo que el gobierno pretenda protegerlos.
Ahora bien, después de los narcos y los lavadores de dinero, ¿quiénes son los mayores beneficiarios de la reforma? La respuesta es clara: las instituciones de crédito que no puedan vender fácilmente sus excedentes de dólares en Estados Unidos. Debido a las estrictas regulaciones en materia de lavado de dinero a nivel internacional, y no solamente en Estados Unidos, el proceso de venta de divisas en su país de origen representa un costoso dolor de cabeza para los bancos que no tengan corresponsalía allí.
Las reservas internacionales son los activos en moneda extranjera que tiene el Banco de México, a nombre, por cierto, no del propio banco central ni del gobierno federal (no son de ninguno de los dos), sino de la nación. Esas reservas se van juntando poco a poquito, con paciencia, a lo largo de los años. El Banco de México, por ejemplo, le compra en pesos a la Secretaría de Hacienda los dólares que ésta obtuvo tras colocar bonos en los mercados internacionales, y otro día le vende los dólares que Hacienda requiere para, digamos, amortizar su deuda internacional. Y lo mismo sucede con las ventas de Pemex en el exterior y con las de muchas otras entidades que pueden acreditar la legalidad del movimiento de las divisas. Y así, de poquito en poquito, la nación tiene en este momento un guardadito ya cercano a los 195 mil millones de dólares.
Si pasa la nueva reforma de ley, y el Banco de México pierde el amparo que seguramente promoverá al haber sido vulnerada su autonomía, el guardadito arriba señalado corre peligro. En efecto, si la reforma es exitosa el banco central tendría que mezclar en una misma licuadora las divisas buenas con las malas, poniendo en riesgo la legalidad de todo el guardadito. No podría separar, ante los ojos de las autoridades internacionales, el frijol del gorgojo.
Un ejemplo más de cómo en México el poder económico puede aliarse con el poder político a costa de la nación.
