Por Milenio
La Prensa
El ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) carece de un marco jurídico para sancionarlo, tras la investigación que ordenó la presidenta del Alto Tribunal, Norma Piña Hernández, contra él y sus ex colaboradores.
A través de su cuenta en la red social X, el ex presidente de la Corte, dijo que la pesquisa iniciada en su contra demuestra que se trata de una cuestión político-electoral.
“La SCJN carece de un marco jurídico para sancionarme. Esto confirma que tanto la investigación en mi contra, como la filtración masiva de la denuncia que ellos mismos fabricaron, tienen una intencionalidad exclusivamente político-electoral en contra del movimiento de la 4T”, apuntó.
Indicó que lo que está ocurriendo es igual a lo que sucedió cuando la Corte se confabuló con el presidente Vicente Fox para desaforar al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.
“No les funcionó hace 20 años y no les funcionará ahora”, puntualizó.
El viernes 12 de abril, MILENIO publicó que con base en una denuncia anónima, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó investigar al ministro en retiro Arturo Zaldívar por la acusación de vulnerar la autonomía de organismos jurisdiccionales a través de presiones.
Al respecto, Zaldívar, dijo, admitir la denuncia anónima es algo inédito y grave, además de que consideró que se violó la confidencialidad al filtrar la investigación.
Investigación contra Arturo Zaldívar
El Consejo de la Judicatura Federal (CJD) inició una investigación en contra del ministro en retiro de la Corte, Arturo Zaldívar, tras una denuncia anónima por vulnerar la autonomía de independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (PJF) a fin de satisfacer intereses personales y de terceros.
La investigación con folio 2687, incluye hechos ocurridos en los años 2019 y 2022, cuando fue presidente de la Suprema Corte y del CJF, donde presuntamente Zaldívar Lelo de Larrea ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales.
El escrito refiere que a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar ejercieron presiones con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses. Al mismo tiempo, prometió beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción.
«Quienes voluntariamente decidieron participar en las corruptelas, actuando en la forma que le fuera solicitada, obtenían grandes beneficios», de acuerdo con el documento en torno a la investigación en contra del ex ministro.
