Por Milenio
La Prensa
Los jueces y magistrados federales del país manifestaron su apoyo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, tras el anuncio de su antecesor en el cargo, el ministro en retiro Arturo Zaldívar, de iniciar un juicio político por la investigación que inició en su contra y también ex colaboradores.
A través de un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), señalaron que el juicio político ha sido recurrente para intimidar a los juzgadores de manera constante.
“El juicio político es un instrumento constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante”.
“En ese entendido, resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”, señalaron.
Por ello, rechazaron cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico.
“Todos los servidores públicos y quienes pertenecen a la carrera judicial, están comprometidos con la rectitud en su actuar y deben comportarse conforme al Código de Ética del Poder Judicial Federal, así como asumir su responsabilidad por acción u omisión, frente a quejas o denuncias que se presenten en su contra”.
“No es atípico que se presenten quejas y denuncias en contra de las personas juzgadoras ante el Consejo de la Judicatura Federal, porque alguna de las partes considere que no se actuó conforme a determinados parámetros o porque no resultó ganadora en un proceso”, explicaron.
Indicaron que en los últimos años el número de quejas presentadas en contra de personas juzgadoras por resolver en favor de los Derechos Humanos y en contra de las autoridades federales, se ha incrementado exponencialmente y además mediatizado a tal grado que han puesto en riesgo su integridad y la de sus familias.
