La Corte Suprema de Estados Unidos debate este lunes si las medidas represivas adoptadas por varias ciudades para expulsar a los sin techo son «castigos crueles» e inconstitucionales.
La Corte Suprema de Estados Unidos debate este lunes si las medidas represivas adoptadas por varias ciudades para expulsar a los sin techo son «castigos crueles» e inconstitucionales.
Los alegatos de este lunes ante el tribunal podrían tener importantes repercusiones para cientos de miles de personas sin hogar en el país.
Los nueve magistrados, en su mayoría conservadores, examinan un fallo de apelación. Esta sentencia anuló las medidas adoptadas por la ciudad de Grants Pass, en Oregón, que prohibían a los sin techo utilizar mantas, almohadas o cajas de cartón para protegerse del frío cuando dormían a la intemperie, en nombre de la regulación de las acampadas en lugares públicos.
La Corte de apelaciones se basó en su propia jurisprudencia, al considerar que la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe los «castigos crueles e inusuales», se aplica a las sanciones penales contra las personas sin hogar que duermen al aire libre a menos que tengan «acceso a un refugio temporal».
Esta enmienda «regula qué castigos están permitidos, pero no qué conductas pueden prohibirse», argumentó el lunes la abogada de la ciudad, Theane Evangelis.
La letrada instó a los nueve jueces a «poner fin al experimento fallido» de la Corte de apelaciones que, en su opinión, «ha alimentado la proliferación de campamentos» de personas sin techo.
En sus argumentos por escrito, la parte contraria estima que el objetivo de estas medidas, es «nominalmente prohibir acampar, pero en realidad ilegaliza que las personas sin hogar duerman o descansen en cualquier lugar público a cualquier hora con poco más que una manta para sobrevivir al frío, incluso si no tienen acceso a un refugio».
El plan consistía en multar e imponer penas de cárcel a los sin techo de la ciudad hasta que se sintieran ‘lo suficientemente incómodos’ como para abandonar Grants Pass», añadió.
Estas medidas preveían multas de varios cientos de dólares en caso de infracción, acompañadas de un posible destierro del espacio público de la ciudad en caso de impago, susceptible a su vez de encarcelamiento y multas aún más elevadas.
En distintas ciudades del país se han introducido normas similares, bajo la forma de «prohibiciones de acampar en público», en un intento por frenar la explosión del número de personas sin hogar.
